Cuatro pacientes de una clínica privada de la capital grancanaria han presentado sus respectivas reclamaciones a raíz de la ceguera provocada supuestamente por la utilización de un producto tóxico durante las operaciones de desprendimiento de retina a las que fueron sometidos. Dichas reclamaciones han sido tramitadas por el bufete vasco Gómez Menchaca Abogados, que lleva medio centenar de casos de todo el territorio nacional, en los que se incluyen varios del Hospital Universitario de Tenerife (HUC).
Los cuatros supuestos afectados del centro privado de la capital grancanaria tienen entre 40 y 70 años y han perdido la visión en uno de los ojos a consecuencia de la utilización de un lote defectuoso del producto, comercializado bajo la denominación Ala Octa. Un fármaco que fue retirado del mercado el pasado año al conocerse los primeros casos, que ascienden ya a 102 en todo el territorio nacional, de los que 32 corresponden al hospital tinerfeño.
Por el momento, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha descartado que el producto haya sido utilizado en otros hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de Salud (SCS) y en centros concertados. Asimismo, las mismas fuentes explican que las operaciones de desprendimiento de retina no son derivadas a clínicas concertadas. Sin embargo, todo parece indicar que los lotes defectuosos sí fueron utilizados en al menos una clínica privada canaria, en concreto, en una ubicada en la capital grancanaria. El bufete vasco lleva actualmente cuatro casos y no descarta que haya más afectados por este producto que se utiliza para readherir la retina cuando existe algún tipo de desprendimiento.
El abogado Carlos Gómez Menchaca explica que su bufete lleva actualmente medio centenar de casos en todo el territorio nacional y que ha tramitado reclamaciones de daños frente a los servicios de salud de las respectivas comunidades autónomas, y frente a algunas clínicas privadas, como sucede en Gran Canaria.
"En Gran Canaria hay una clínica privada en la que todo apunta a que su suministro contaba con el producto que ha resultado tóxico. Tenemos cuatro casos en marcha que son sospechosos y susceptibles de Ala Octa", apunta Gómez Menchaca. Mientras que en Tenerife, este bufete tiene ya acreditadas a cerca de una decena de personas afectadas por este fármaco.
Actualmente "estamos solicitando las hojas de farmacología para acreditar fehacientemente que se utilizaron los lotes afectados de Ala Octa en dicha clínica", especifica el abogado que añade que el uso de este producto origina una lesión permanente e irreversible del nervio óptico, que origina la ceguera.
"Todos son pacientes sometidos a una cirugía de desprendimiento de retina, cirugía que por cierto tiene un porcentaje de éxito elevado, del 96%, pero como consecuencia de la toxicidad mata a la células retinianas y origina una necrosis del nervio óptico, concluyendo al final de una ceguera", comenta Gómez Menchaca que lleva un caso en Andalucía de un paciente que ha perdido la visión en ambos ojos.
En estos casos, la indemnización es económica. Dependiendo del paciente (edad, actividad laboral), el bufete vasco reclama entre 70.000 y tres millones de euros, con una media por caso de entre 200.000 a 250.000. "En su mayoría son pacientes que estaban trabajando. Hay que evaluar el impacto físico, el daño anímico y el impacto laboral que puede derivar en una incapacidad laboral", subraya el abogado que explica que en Gran Canaria la reclamación se dirige a la aseguradora de la clínica privada y que ésta, si así lo determina, puede pedir a su vez daños al fabricante.
"Lamentablemente todavía hay personas que desconocen el origen del mal resultado de su intervención. Piensan que son cosas que suceden y no son conscientes de que pueden reclamar porque no es una situación normal, es una situación anormal que se podía haber evitado", comenta.
Según los últimos datos actualizados por la Agencia Española del Medicamento (Aemps), se utilizaron al menos seis lotes en mal estado en 23 centros sanitarios de 10 comunidades españolas.
