El sindicato de profesores de la enseñanza pública Anpe Canarias, ha solicitado a la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo que introduzca la atención psicológica en el protocolo de actuación que existe actualmente para el profesorado (22 ataques físicos en 2015) que sufre algún tipo de agresiones en el ámbito escolar, bien por alumnos o por algún familiar de los estudiantes.
"El profesor o profesora que sufre una agresión en el centro educativo está desprotegido desde el punto de vista psicológico. Viven una situación traumática y eso requiere un tratamiento concreto y específico por parte de la Consejería de Educación que tiene la obligación de cuidar por la salud de sus empleados", afirmó ayer Bernardo Huerga, secretario de comunicación en Las Palmas de Anpe Canarias.
Huerga señaló que el protocolo que puso en marcha la Consejería de Educación en 2010 para los casos de agresiones al personal docente en el ámbito educativo no universitario de los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, bien por parte de alumnos o de padres dentro del centro educativo, sólo aborda la parte legal del problema.
"Sirve sobre todo para que la Fiscalía actúe de oficio. También tiene la función de ayudar al docente, porque en caso de que exista una agresión, la dirección del centro educativo le tiene que acompañar al centro de salud, y en ese caso Educación le presta el servicio de asesoramiento legal", y recordó que la demanda de Anpe está encaminada a que la Consejería de Educación se haga cargo del asesoramiento psicológico.
"En la mayor parte de los casos de agresión física, el docente requiere de una ayuda encaminada a reparar el daño psicológico que se le ha hecho al profesional de la enseñanza. Entre mis funciones está la de atender a los profesores que han sufrido algún problema de este tipo y veo que lo viven con culpabilidad, e incluso se sienten incomprendido por el resto de compañeros y por la comunidad educativa y eso requiere un tratamiento específico, que ayude a superar la situación traumática", señaló el portavoz sindicalista, que insistió en la necesidad de que se revise el citado protocolo y se añada la atención psicológica.
A este respecto, Bernardo Huerta recordó que Anpe dispone desde 2008 del Defensor del Profesor, un servicio gratuito, a disposición de todo el personal docente de los centros públicos de Canarias, que ofrece asesoramiento legal y psicológico en los casos de agresiones al profesorado. "Nosotros no sólo actuamos en el caso de agresiones físicas sino de cualquier tipo, y les prestamos asesoramiento psicológico a través de convenios con el Colegio de Psicólogos en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y de acuerdos con psicólogos particulares en Las Palmas. No obstante, la Ley Canaria de Educación plantea el tema de la autoridad docente, y pedimos que la Consejería de un paso más en este sentido. Ya existe el Defensor del Alumno, está regulado este servicio, y ahora queremos que también se cree esa figura para el caso de los docentes, una demanda que llevamos haciendo a la administración educativa desde 2005".
Para Anpe, la mejora de la convivencia en las aulas ha de ser un plan liderado por la Consejería de Educación. "Hemos hecho grandes esfuerzos por proteger y ayudar a los docentes, pero este trabajo no puede ser una excepción sindical; corresponde a la Administración tomar las riendas del asunto", apuntó ayer el presidente de Anpe Canarias, Pedro Crespo.
El Defensor del Profesor de Anpe atendió el pasado año a 149 docentes, 79 de la provincia de Las Palmas y 70 de Santa Cruz de Tenerife, de los cuales 22 sufrieron ataques físicos, 64 insultos por parte de alumnos; 70 falta de respeto; 25 acoso y amenazas; 3 daños causados a propiedades o pertenencias; y 43 informaron sobre conductas agresivas entre los propios alumnos. Según Bernardo Huerga, los datos son muy similares al del curso anterior, y que el mayor repunte se registró a raíz de los recortes registrados en Educación durante la crisis económica.
"Con la crisis el problema de las agresiones al profesorado fueron en aumento. Nosotros lo achacamos a que los recortes en Educación incidieron sobre todo en el número de alumnos a atender en el aula, de forma que la ratio alumnos/profesor aumentó un 20% respecto a la situación anterior a la crisis, y evidentemente la conflictividad en el aula aumentó y se vio reflejada en un repunte de casos".
El profesorado que utilizó el servicio en 2015 precisó de asesoría jurídica en el 54% de los casos; asesoramiento general en el 22%; y apoyo psicológico, el 24%. Asimismo, el 34% de las personas atendidas en 2015 presentaron cuadros de ansiedad o depresión. "Estos problemas son producto de situaciones extremas que se repiten cada día. Cuando algunos de estos conflictos se prolongan en el tiempo, generan en el docente un estado de indefensión que le produce secuelas, tanto en su salud física como psicológica", recoge el informe del Defensor del Profesor de Anpe.
