Canarias recurrirá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la evaluación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), al considerar que la aprobación del Real Decreto de 20 de noviembre, por el que se dictan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, también conocida como "reválida", es nula de pleno derecho por haber omitido el obligatorio trámite de consulta a las comunidades autónomas.
Esta decisión fue aprobada ayer durante la reunión del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón. "Este recurso se suma a otros interpuestos por otras comunidades en la misma línea. Esperamos que éste tenga repuesta, porque somos doce las autonomías que estamos en contra de la Lomce, en general, y en concreto del decreto de evaluaciones. Y si no se resuelve antes de las evaluaciones, Canarias va a aplicar la ley canaria", apuntó la responsable del área.
El Gobierno de Canarias había presentado un requerimiento al Estado como paso previo a la presentación de este recurso contencioso-administrativo contra la aprobación de esta normativa, impuesta a las comunidades.
Transcurrido el mes de plazo dispuesto en el requerimiento para la respuesta por parte del Estado, y sin que ésta se haya producido, la Consejería de Educación y Universidades procedió a preparar la documentación necesaria para recurrir el Real Decreto, que ayer presentó ante el Gobierno.
Una vez analizada, el Consejo acordó ordenar a los servicios jurídicos del ejecutivo autonómico iniciar los trámites necesarios para la interposición de un recurso que impida la aplicación de una norma aprobada sin las necesarias garantías legales.
Según apuntó Soledad Monzón, "el ministro está dispuesto a revisar las evaluaciones y todo apunta a que, aunque continúe un Gobierno de las mismas características, las evaluaciones se pueden realizar". "No podemos esperar a que se resuelvan los recursos y la decisión está ya tomada", explicó la consejera en su alocución.
"Estamos dispuestos a realizar una evaluación de diagnóstico. En Canarias, se realizará una evaluación de diagnóstico del sistema con profesorado del propio centro sin que sean tutores, y no calificando con nota a los alumnos con profesionales externos al centro", manifestó la máxima responsable del área de Educación del Gobierno de Canarias.
El recurso que se ha elevado al Tribunal Supremo se centra en el Real Decreto 1058/2015, que desarrolla la Lomce. En él, se establece un sistema de evaluación contrario al modelo defendido por Canarias, y el Estado lo aprobó sin haberse realizado las preceptivas consultas a los diferentes gobiernos autonómicos.
Pese a que el Estado incluyó el proyecto de Real Decreto en la Conferencia Sectorial de Educación de abril de 2015, lo hizo sin haber permitido la participación previa de las comunidades autónomas en la redacción del anteproyecto, mediante su análisis y posterior presentación de observaciones y alegaciones.
Esa falta de consulta previa y la aplicación sin consenso del Real Decreto centran el recurso presentado ante el Tribunal Supremo. Según el Gobierno de Canarias, al omitir el preceptivo trámite de consulta a las comunidades autónomas, el Estado ha incurrido durante su tramitación en causa determinante de nulidad radical o de pleno derecho.
