En el ámbito judicial, la Diócesis obstaculizó, por orden del Obispo, el funcionamiento del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Creado por Ley de 9 de febrero de 1939, con objeto de acusar sancionando acciones retrospectivamente desde el 1 de octubre de 1934. Existían tres tipos de sanciones: la inhabilitación profesional, las restricciones a la libertad de residencia (destierros) y las multas económicas, siendo esta última la más importante, y que debían asumir incluso la viuda, hijos y familiares en ausencia del acusado. Para instruir los sumarios se utilizaban los informes de los alcaldes de los pueblos, los párrocos y la guardia civil.
En Canarias se constituye en junio de 1939 dos juzgados, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria.
En 1942 transfiere sus actuaciones a la jurisdicción ordinaria, perdiendo su carácter especial, hasta que fue suprimido definitivamente en abril de 1945, a punto de finalizar la segunda Guerra Mundial con la derrota de la Alemania nazi.
En Canarias se tramitaron un total de 4.887 expedientes, de los que 2.660 se hicieron en el ámbito de la Provincia de Las Palmas y de la Diócesis de Canarias. Desde la entrega a la Audiencia Provincial en 1942, ya no se instruye ninguno nuevo. En relación con las sentencias, hubo 250 en 1939, 443 en 1940 y 1.048 en 1941. Desde junio de 1942 hasta la fecha de su desaparición, 343 sentencias. En el momento de su extinción, había en trámite 1.230 expedientes de los que 23 se encontraban pendientes de fallo.
Tras su constitución, comienzan a llegar al Obispado oficios solicitando antecedentes de más de 1.000 personas, sobre todo de antiguos militantes de Izquierda Republicana y del PSOE. Nunca se contestó ninguno. Al enterarse el Obispo exclamó: "¿Cómo, mis curas, mis sacerdotes convertidos en inquisidores y cooperadores de un tribunal así? Comunique (se dirigía al Secretario de Cámara y gobierno) que el Obispo de Canarias se opone terminantemente a ello y que mientras él sea Obispo, ni lo consiente, ni lo consentirá jamás". Esta negativa sería incluida posteriormente en las constituciones del VIII Sínodo de 1947.
La tarea principal reservada a los párrocos era informar sobre la filiación política y los bienes de los encartados. Ante la negativa a colaborar, el Tribunal en pleno se persona en el Obispado para preguntar si el prelado se ratificaba en lo comunicado. Pildain lo confirma de palabra y añade que, si es preciso, lo hará por escrito. Uno de los miembros del tribunal responde que en ese caso, no sería posible el funcionamiento del órgano represivo. Seguidamente el Obispo manifiesta: "Eso a mí me tiene sin cuidado". En un último intento, los componentes del tribunal ponen de relieve que es el propio Jefe del Estado quien ha ordenado que en esta tarea colaborasen los señores curas. En ese momento, Pildain señala con el dedo la imagen del Cristo crucificado del salón del Obispado y lo convierte en un sacramento: "Aquí no manda sino Ese".
Es en este contexto de enfrentamiento permanente con las autoridades del Régimen franquista en las Islas, donde es preciso situar un acontecimiento que tuvo una enorme repercusión en el Estado y a nivel internacional: el cierre de la Catedral de Canarias durante la visita del dictador los días 26 y 27 de octubre de 1950.
En aquellos días, la pastoral diocesana había determinado la incompatibilidad de la celebración de actos religiosos con los bailes, por cuestiones de moralidad. Al conocer el programa oficial de la visita, el Obispo escribe una carta al Gobernador Militar de Las Palmas, Miguel Rodríguez Fonseca, al Alcalde de la Ciudad, Francisco Hernández González y al Presidente del Cabildo Insular, Matías Vega Guerra, en la que les aclara que la celebración de un Te Deum y la organización de un baile son incompatibles con la campaña de pastoral diocesana del momento. Pildain, que entonces se recuperaba de una dolencia hepática, residía por esos días en Teror y se desplaza a la Ciudad para entregar las cartas personalmente, con lo que deseaba subrayar la relevancia del asunto para él. La campaña va dirigida a todos, sin acepción de personas, incluidas las autoridades. Y, por otra parte, Pildain buscaba mantener la bandera de la independencia e incluso la supremacía de la Iglesia frente a las más altas jerarquías del Estado. Sin embargo, el principal problema que podía darse en una celebración religiosa era otro.
En una celebración de Acción de Gracias, ¿dónde iba a colocarse al dictador, acostumbrado a entrar en las catedrales del resto del Estado bajo palio? Y, sobre todo, ¿cómo sería el sermón de ese Obispo cuya consagración quiso impedir el Gobierno de Burgos en 1936, y que había optado por situarse inequívocamente desde su llegada a la Diócesis al lado de las víctimas de la dictadura?
Ninguno de los tres responde a la carta del Obispo. Lo hace el capitán general de Canarias, Francisco García Escámez, desde la sede de Tenerife, adjuntándole un programa oficial en el que le da a conocer al prelado que el 26 de octubre en la Catedral, habrá un Te Deum y a las doce de la noche, un baile en el Gabinete Literario de la capital grancanaria, a unos 200 metros del Obispado y la Catedral.
De este modo, la autoridad militar organizaba actos litúrgicos competencia del Obispo, ignoraba la pastoral diocesana y trataba de humillar al Obispo de Canarias en el marco de la visita de Franco a las Islas. O tal vez generar un conflicto que pudiese desembocar en la destitución de Pildain, en un gesto de adhesión al dictador que reportaría, sin duda, grandes beneficios políticos a sus promotores. De este modo, el 26 de octubre de 1950, el Obispo de Canarias no recibe a Franco, cierra las puertas de la Catedral y se traslada a Teror. Al día siguiente, el Jefe del Estado se desplaza hasta el parador de Tejeda y luego a Teror para visitar a la Virgen del Pino. El Obispo tampoco lo recibe entonces. Es el párroco Socorro Lantigua quien hace de anfitrión. Este suceso tuvo una enorme repercusión y posteriormente dio lugar a una campaña oficial de descrédito contra el Obispo, auspiciada directamente por Matías Vega Guerra, presidente del Cabildo, Gobernador Civil accidental, presidente del Gabinete Literario y organizador de bailes de gala en honor de Franco.
La campaña contra el Obispo fue iniciada en los ámbitos oficiales por Matías Vega Guerra, con la anuencia de las autoridades militares encabezadas por García Escámez. Pretendía demostrar la incompatibilidad del prelado con el pueblo canario. El Cabildo de Gran Canaria y la casi totalidad de los ayuntamientos de la Provincia de Las Palmas, (excepto tres) solicitaron en un documento al Nuncio y al mismo Franco la destitución de Pildain. Días más tarde, algunos de los alcaldes firmantes elaboraron un nuevo escrito desdiciéndose y afirmando que habían apoyado el documento anterior por coacción del presidente del Cabildo. Del mismo modo, el Ministro de la Gobernación, Blas Pérez, se dirige a la Nunciatura apoyando la petición, calificando como "grave afrenta" la sufrida por Franco en Gran Canaria.
El escrito del Cabildo Insular contra el Obispo trata de encontrar razones que justifiquen la petición de destitución, en asuntos eclesiásticos de escasa relevancia, que son competencia exclusiva del Prelado y en ningún caso motivo que justifique una solicitud de dimisión.
De lo que se trataba era de deshacerse de un enemigo político de la dictadura: "(lo ocurrido es) la reiteración y reafirmación de una política equivocada e intransigente, que creando un clima de disgusto y malestar, ha originado un evidente divorcio del pueblo con su Obispo? no podemos olvidar ni silenciar actuaciones anteriores inmiscuyéndose en órbitas que no le atañen, ha llegado a enfrentarse con Autoridades de todo género? dando lugar a lamentables estados de fricción y de violencia con notorio daño para la vida espiritual de las Islas y con el consiguiente regocijo para los enemigos de la Iglesia". Es decir, las víctimas de la represión, los presos políticos, sus familias y los pobres.
Esta afirmación queda corroborada por el propio Pildain, en su carta abierta, donde expone los antecedentes de la visita de Franco, y que reproducimos por su enorme interés y porque sintetiza de modo claro la percepción que tiene sobre la dictadura: "Creíamos que la compatibilidad de una autoridad con su pueblo consistía en carecer de coche oficial, en caminar o en servirse de un taxi cuando las obligaciones lo requieren. Vivir de la manera más modesta posible para destinar lo restante a socorrer las necesidades extremas del pueblo pobre indigente, pero consiste en espléndidos repartos mientras el pueblo pasa hambre, coches oficiales con dinero del pueblo, gastar dinero público en banquetes y lujos, mientras hay miles de madres famélicas, niños hambrientos y tuberculosos que carecen de lo más indispensable, (así, con la recogida de firmas se trata de) instigar a los alcaldes contra el Obispo, es abrir los ojos al pueblo para que se plantee el proceso de crímenes que todavía no se han llevado a las audiencias, o que se revisen las fortunas escandalosamente aumentadas en los tiempos mismos que el pueblo ha sido víctima de una de las miserias más enormes... ciertos elementos gubernativos y no el pueblo llano son los que promueven la incompatibilidad del Obispo. Son ellos los incompatibles, por ciertos sucesos, ciertas actuaciones, ciertas historias, que aunque son de dominio público, no queremos consignar todavía en las páginas del Boletín de la Diócesis, a no ser que las anticatólicas maniobras gubernamentales nos obliguen a ello algún día".
Del mismo modo, el Obispo informa a la Nunciatura remitiendo dos documentos en noviembre, centrados no tanto en lo sucedido en la Catedral, como en los antecedentes de la visita de Franco. En ellos se defiende de "la maniobra gubernativa" que trata de presentarle como incompatible con el pueblo canario. Centra su defensa argumentando sobre 26 realidades que explican el rechazo de las autoridades franquistas. A nuestro juico, las más relevantes son las cinco primeras, que constituyen el eje central de la actuación del Obispo: los sucesos del Valle de Agaete, los 27 condenados a muerte de Arucas, otros varios condenados a muerte, las visitas a la cárcel y al campo de concentración de Gando y el rechazo al Tribunal de Responsabilidades Políticas. El resto de las cuestiones pueden resumirse en la opción por los pobres y la pastoral social.
Para el Obispo, la maniobra de derribo procede de Matías Vega Guerra, presidente del Cabildo y Gobernador Civil accidental en ese momento, que con "maravillosa uniformidad totalitaria" dio la orden ante la que se cuadraron todos sus subordinados, los alcaldes que el mismo había elegido, para que ocupasen los puestos que desempeñaban en los pueblos de la Diócesis.
En una segunda carta, en respuesta a la pregunta que le formula el Nuncio sobre el Régimen franquista español, el Obispo responde sin ambages: "Se trata de un Régimen totalitario de partido único, donde impera la censura de prensa, en el que los alcaldes y concejales son elegidos por las autoridades gubernativas. Si bien no es un totalitarismo ateo, es un totalitarismo fariseo, ya que hay muchas manifestaciones externas de religiosidad, participación en las procesiones, codearse con eclesiásticos y a la vez "cooperador de los negocios más monstruosamente inmorales de la historia de España" Pildain es consciente de que no le perdonan sus pastorales sociales, que no tienen ningún eco en la prensa local "y si por eso se nos tilda de "enemigo" del Régimen franquista, lo aceptamos con todas sus consecuencias".
El cardenal Pedro Segura, arzobispo de Sevilla, había intervenido ya ante la Nunciatura afirmando que la iniciativa contra el Obispo promovida por las autoridades civiles y militares era "una enorme calumnia, opuesta a la verdad, ya que sus diocesanos le aman y aprecian su labor apostólica y evangélica (que es) de todos conocida y su caridad sin límites, quedando sin lo necesario? por repartirlo todo a los pobres y necesitados? no doblegándose a nadie mirando lo mismo al más alto como al más humilde". Concluye la intervención exhortando al Nuncio a que corte la burda maniobra e informe de ello a la Santa Sede. La campaña de descrédito había fracasado.
Sin embargo, en años posteriores el Obispo tuvo que afrontar dos acontecimientos amargos en su lucha contra las autoridades franquistas: el destierro de Rafael Vera y la ejecución de Juan García "El Corredera".
El sacerdote Rafael Vera acompañó al Obispo desde su último curso como alumno del Seminario en 1937, hasta que se hizo efectiva su renuncia en 1966. El 4 de noviembre de 1954 publicó Pildain su pastoral más relevante, que causó una notable conmoción política. Su titulo "El sistema sindical vigente en España ¿está o no conforme con la Doctrina Social de la Iglesia?" dio lugar a una protesta diplomática del Gobierno ante la Santa Sede. Aunque silenciada en la prensa española, tuvo una gran repercusión a nivel internacional. En la Universidad Gregoriana de Roma y en otros ámbitos de la Iglesia, se valoró la pastoral como "una doctrina sana claramente expresada". Sin embargo, el Gobierno no logró su propósito de que la santa Sede interviniese contra el Obispo.
Una de las consecuencias tuvo lugar meses más tarde, en la Catedral de Canarias el día de Todos los Santos, durante el sermón de la Misa Conventual. Al come ntar el Evangelio del día sobre las bienaventuranzas, Rafael Vera enumeró los ocho principales defectos del Régimen franquista. Caracterizar al Régimen como una "dictadura rabiosa" en una celebración religiosa transmitida por Radio Catedral, fue una valiente denuncia profética, que tuvo como consecuencia la pena de dos años de destierro. Vera dijo lo que pensaba su Obispo y su discurso, centrado en gran medida en la pastoral de Pildain, que tanto revuelo había causado unos meses antes, fue retransmitido por Radio Pirenaica y escuchado en parte de Europa y América. Rafael Vera tuvo que exiliarse de Gran Canaria el 22 de diciembre de 1955 y no pudo regresar hasta el 4 de abril de 1957. M antuvo siempre el apoyo fraterno de su Obispo.
El último episodio serio de enfrentamiento con las autoridades franquistas, tuvo lugar en 1959 con ocasión de la detención, consejo de guerra y ejecución de Juan García "El Corredera".
El Obispo movilizó todos los recursos de los que disponía para lograr el indulto, sin éxito. La noche del 18 al 19 de octubre, Pildain estuvo con Juan García en la Prisión de Barranco Seco y para él fueron, según su propio testimonio "las más largas, las más tristes y de más intensa emoción de mi vida". Da su úl timo abrazo a Juan y se compromete formalmente a atender a su familia mientras viviese. Tras la confesión, Eucaristía y rezo del Rosario, Juan García fue ejecutado a garrote vil la mañana del 19 de octubre de de 1959. Conocemos hasta 23 cartas y telegramas a diversas autoridades civiles, religiosas y militares del Estado español y en el extranjero, incluyendo al Cardenal de París, a Juan XXIII y al propio Franco. Del conjunto de sus peticiones, nos interesa comentar dos de ellas, al ser sumamente reveladoras, sobre la idea de Pildain acerca de lo que había sido todo el proceso de represión en las Islas durante los últimos 22 años.
La primera es la que dirige a la máxima autoridad militar de Canarias a favor de "un diocesano mío", que era el modo habitual de referirse a Juan García en sus solicitudes de indulto. "Pero hay otros (motivos). Llevo 22 años aquí. Creo conocer bastante esto. Y tengo la evidencia de que la ejecución de esta sentencia? renovaría profundos, extensos y doloridos posos sentimentales de docenas de viudas y madres, y de centenares de huérfanos, a la par que actualizaría el recuerdo de las numerosas víctimas que arrancadas de sus hogares, fueron asesinados sin proceso jurídico alguno y arrojadas a una sima, dándose la tristísima y absurda paradoja que las numerosas víctimas lo fueron en su totalidad de aquel bando, pues del otro no llegaron apenas a seis". El Obispo cree de buena fe que el militar, recién llegado a las Islas, desconoce tales datos. Ponerlos "en su conocimiento" tal vez activaría un procedimiento de indulto, pero sería en vano.
La segunda carta es la respuesta del Obispo a la negativa del Ministro del Ejército, Antonio Barroso Sánchez, a apoyar su petición de indulto, en términos claramente irrespetuosos con el prelado y justificando la ejecución. "Con enorme asombro y no menor pena acabo de leer su carta. La pena se va a ejecutar... en Las Palmas... donde se pasean impunemente por la calle autores y coautores de centenares de asesinatos perpetrados a mansalva, a criminal sangre fría, sin formación de causa, sin tribunal que interviniera, sin abogado que defendiera, sin confesor que los confesara, para ser arrojados por el cráter de un volcán, o el fondo de un pozo, o del mar; y aquí hay docenas de viudas y centenares de huérfanos de esos esposos y padres vilmente asesinados, y esas viudas y huérfanos y los miles de ciudadanos de esta Isla verán ahora con asombro e indignación que mientras el Gobierno y sus tribunales no han sentido el menor celo y el más insignificante anhelo de justicia para iniciar siquiera un proceso contra aquellos criminales nefastos, ahora cree faltar al celo por la misma no ya si indulta, sino si conmuta una pena de muerte por la de 30 años a Juan García". Este texto, una valiente denuncia profética, muestra que, durante el tiempo de su obispado, Pildain no cesó de defender la necesidad de resarcir el daño causado por la represión franquista en las Islas. Pildain se situó siempre en la perspectiva de las víctimas.
En ese sentido, queremos concluir con un texto escrito en 1978 en el que Juan Rodríguez Doreste, destacado miembro del PSOE encarcelado durante la Guerra Civil, rememora el clima que existía en el penal de Gando durante la segunda visita del Obispo con motivo de la Cuaresma de 1939.
"Recuerdo la acogida que en aquella ocasión le dimos los presos. Sin alharacas, sin aspavientos, con un silencio que tenía en su misma densidad y sobrecogimiento su mayor elocuencia, con una unánime disposición complaciente que se manifestaba en nuestros gestos y en nuestras sonrisas, en el fulgor de gratitud que lucía en todas nuestras miradas, en esa especie de vaho acogedor y propicio que flota sobre las muchedumbres adictas, los reclusos del Penal de Gando mostramos al Obispo de Canarias, que ya era por antonomasia el Obispo de los pobres, que con su ardoroso temple humanitario se había convertido también, y para siempre, en el Obispo de los perseguidos".
