21 de abril de 2016
21.04.2016

La reforma sanitaria deja sin atención a 800.000 inmigrantes desde el año 2012

21.04.2016 | 00:14

Los cuatro años de aplicación del real decreto de reforma sanitaria se han saldado, según datos del Ejecutivo, con la exclusión de la sanidad pública de unas 800.000 inmigrantes, cifra a la que asociaciones médicas y sociales suman a miles de ellos que, aún con derecho, se les niega la atención.

Sólo desde septiembre de 2014, la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (Reder), integrada por 300 organizaciones, ha documentado más de 2.000 casos de sin papeles que han visto vulnerado su derecho a la salud, incluidos menores, embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia.

De estos casos, 541 se han producido desde agosto y entre ellos figuran 36 niños (145 desde enero de 2014), según datos de Reder que aglutina, entre otros, a Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia, la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública o Cesida. "Y estos datos son sólo un botón de muestra", explica una portavoz de Reder, porque "nosotros llegamos adonde llegamos y no tenemos capacidad para conocer y documentar los numerosos casos de exclusión que se producen, por ejemplo, en el ámbito rural".

Polémico decreto

En 2012 el actual gobierno aprobó un real decreto de reforma sanitaria que, entre otras medidas, incluía la retirada de la tarjeta sanitaria a todas las personas que no estuviesen regularizadas, con la excepción de embarazadas, niños y urgencias. La norma contó con el rechazo de gran parte del ámbito sanitario, organizaciones sociales, organismos internacionales y de catorce de las diecisiete comunidades autónomas, que han ido aprobando algún tipo de medidas "paliativas" para contrarrestar sus efectos.

Ayer, cuando se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor del real decreto, diputados del PSOE y el PNV, así como miembros de colectivos sociales, protestaron ante las puertas del Congreso de los Diputados, portando sus tarjetas sanitarias y han denunciado la "exclusión sanitaria" de cientos de miles de personas.

Las barreras administrativas y la falta de información son, según Reder, las causas de más de la mitad de las exclusiones, seguidas por la emisión de facturas por atención en los servicios de urgencia. Y la mayoría de los casos se han producido en los centros de salud, hospitales y en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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