Solucionar los grandes problemas administrativos que impiden crecer en áreas como la investigación, financiación y calidad de los servicios, es el objetivo de la mesa de gerentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que lidera el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Conrado Domínguez.
Tras su nombramiento como secretario ejecutivo de la mesa de gerentes de la CRUE en 2015, Domínguez ha puesto en marcha un programa de acción dividido en cuatro grupos de trabajo que abordan las principales trabas con las que se encuentra día a día la administración universitaria. "Una de las primeras cosas que nos planteamos fue crear cuatro grupos de trabajo sobre aspectos importantes que afectan a la gestión universitaria, a efectos de compartir lo que hacemos e intentar mejorar lo que se está haciendo, y plantear posibilidades de modificaciones legislativas al nuevo gobierno para arreglar los grandes problemas que tiene la universidad y que no se pueden resolver porque hay leyes que lo impiden".
Uno de los grupos de trabajo más significativo, por ser una de las áreas que soportan mayores trabas administrativas, es el de Gestión de la investigación y la transferencia. "En este marco hemos analizado todos los problemas que surgen en la actividad diaria de la investigación universitaria y para los que no tienen respuestas las diferentes leyes que nos aplican a las universidades por nuestro carácter de institución pública, como es el caso de la Ley de la Ciencia", indicó el gerente.
Estabilidad
Entre los principales problemas, Domínguez indicó el de la estabilidad del personal investigador que lleva tiempo en la institución, encadenando contratos en base a los proyectos científicos. "Hoy por hoy no está definido qué papel juegan estos investigadores dentro de las estructuras de la universidad porque no son docentes, no son personal de administración y servicios (PAS), y en esto es donde más hemos trabajado; en cómo se contabilizan las actividades de investigación a efectos fiscales, a efectos económicos y patrimoniales dentro de la universidad, o cómo se computan a efectos de la estabilidad presupuestaria los proyectos de investigación con carácter plurianual, por ejemplo".
El objetivo principal es definir muy bien las figuras laborales de los investigadores, ver qué instrumentos tiene la universidad para, cuando forma a una personas en un proyecto de investigación seis años, al acabar el mismo no exista la incertidumbre de qué hacer con ese investigador. "Ahora mismo no puedes reengancharlo, supondría un problema para la institución a la hora de definir la duración máxima de su tiempo de contrato. Son problemas administrativos que hay que resolver para que la propia investigación de las universidades pueda fluir y ser más competitiva".
Una de las particularidades de este grupo es que trabaja en coordinación con la sectorial de I+D+i de la CRUE, con la idea de contar en breve con un catálogo de modificaciones legislativas. "Desde el principio la ejecutiva entendió que no se puede abordar este reto sólo desde el punto de vista de la gestión, sino que había que trabajar coordinadamente con la sectorial de investigación porque ellos son los que tienen más conocimiento sobre la realidad científica, y nosotros más sobre como se mueven las universidades, cuales son los problemas administrativos, o como se recoge ese personal, que no está en el capítulo 1 sino en el 6".
Otro de los grupos de trabajo en marcha es el de Contabilidad analítica, sistemas de financiación y de información, que aborda los problemas en la implantación de la contabilidad de costes dentro de la Universidad y el uso que se pretende hacer de la misma. "Somos contrarios a que sirva como mecanismo de colocación, y para imponer tasas". Además, abordan los sistemas de financiación de las universidades, a partir de un documento que se elaboró con el anterior equipo de gobierno ministerial, y que tiene el consenso de todos los gerentes.
También se trabaja en Gestión de la calidad de los servicios universitarios no académicos, para definir buenas prácticas exportables al conjunto de las universidades.
"En definitiva, nuestro propósito es eliminar las barreras que hacen que la universidad no se pueda desarrollar totalmente, ver qué aspectos de la gestión universitaria tendríamos que cambiar para no tener los problemas que tenemos y sobre todo para ser más eficaces".
Todos los grupos tienen una hoja de ruta marcada y un plazo de finalización y entrega de un documento final con conclusiones y propuestas de mejora, antes de final de año. La mesa de investigación es la más avanzada, por lo que se prevé que dicho documento con las propuestas se presenten entre los próximos meses de mayo o junio.
Domínguez concluyó que a través de estos grupos de trabajo se han detectado procedimientos en determinadas universidades que pueden servir de referencia a otras. "La idea es crear una especie de manual de buenas prácticas exportable entre las universidades, ya que unas son mejores en la gestión de la investigación, otras en la internacionalización... La idea es compartirlo", subrayó.
