El servicio de Inspección de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias pretende consensuar un protocolo de intervención para actuar ante conflictos que se produzcan en el aula en casos de alumnos cuyos progenitores están en proceso de separación o ya divorciados. "Hay mucha preocupación por este aspecto y consultas desde los equipos directivos y los docentes", argumenta la inspectora general de Educación, Irma Velasco, quien añade que "se reproducen situaciones en los centros a los que los profesionales no saben cómo responder".
La inspectora general entiende que "cuando ocurren, se realizan colaboraciones puntuales con otras instituciones pero se hace necesario impulsar un protocolo". En el caso concreto de los menores con padres separados o en proceso, Velasco sostiene que el interlocutor debe ser la Fiscalía "puesto que hay que buscar puntos de encuentro que tengan al menor como eje central de la actuación".
En concreto, informa de que el servicio está elaborando un borrador de protocolo dirigido a los directores de centros educativos sobre la atención desde el aula a los conflictos de parejas o disoluciones matrimoniales. Aunque puntualiza el caso de las separaciones, la inspectora general indica que abordar protocolos institucionales puede ampliarse a otras circunstancias "especiales" de los alumnos, entre las que citó también "casos de menores en riesgo o en desamparo tutelados por el Gobierno y que también presentan conflictos de intervención".
En este sentido, considera que puede articularse la colaboración y la coordinación con la Consejería de Políticas Sociales, de la que depende la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. A ello se podría añadir la coordinación con la Administración sanitaria en el caso de situaciones contravenidas por la salud de los alumnos. A juicio de Velasco, esta intervención se enmarca dentro de uno de los objetivos prioritarios del servicio y de los responsables en general de la Consejería de Educación del Gobierno canario, que es la función de la inspección como elemento de mediación. "El Archipiélago es una de las comunidades autónomas que tiene una normativa específica y personal acreditados para atender conflictos entre alumnos a través de la mediación", recuerda la responsable del servicio de Educación.
Sin embargo, puntualiza que el reto de la Consejería de Educación es dar un paso más allá y ampliar la mediación a toda la comunidad educativa respecto "a conflictos que van más allá del centro o que dentro del centro al director ya le sobrepasa", indica Irma Velasco.
"La intención es que el inspector pueda prever la aparición de conflictos y encauzarlos dentro de cualquier sector de la comunidad para lograr una mejora en las relaciones personales pero sobre todo en la calidad de la enseñanza", resume la inspectora general de Educación, quien recuerda que el ámbito de actuación del servicio es garantizar los derechos y deberes de toda la comunidad por lo que "tiene que atender a todo el profesorado, alumnado, familias y personal de administración y servicios".
En líneas generales, Velasco resume que además de las tareas de mediación particulares de las Islas, el servicio de Inspección tiene entre sus funciones asesorar e informar a los miembros de la comunidad escolar, supervisión de las tareas, controlar y velar por que las normas se cumplan y coordinación con todos los servicios de la Administración educativa, entre los que la inspectora cita cuestiones como el transporte, el comedor o la orientación pedagógica.
De todo ello, Irma Velasco destaca por un lado la función de control que entiende que "es innata a cualquier servicio de inspección", y por otro "el impulso y el reconocimiento de las buenas prácticas docentes como parte del nuevo modelo de inspección".
Respecto al primero de los asuntos, la inspectora general admite que "en la memoria histórica ya desterrada hay un miedo a que se abra un expediente y no es así" y aclara que cuando se detecta un problema con un docente "lo primero que hay que hacer es apoyar, entender las causas por las que ese profesor no está dando la medida necesaria y luego, en coordinación entre la Inspección y el centro educativo, encauzar su actividad docente". Por contra, la puesta en valor de las buenas prácticas es otro de los grandes retos del servicio: "Es una de las demandas de los profesionales y de lo sindicatos y entendemos que si el profesor lo hace bien no solo se trata de reconocer su labor sino de analizar la posibilidad de que la dirección general correspondiente la ponga en práctica en otros centros educativos", concluye Irma Velasco.
