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Los trasplantes y la cirugía cardiaca son las intervenciones más costosas

Los trasplantes y la cirugía cardiaca son las intervenciones más costosas

Los trasplantes son las intervenciones quirúrgicas más caras realizadas dentro del Servicio Canario de Salud (SCS). Así, un trasplante renal cuesta sobre los 31.000 euros, mientras que uno hepático asciende a más de 33.000 euros. Bastante menos es lo que se establece por el trasplante medular alogénico (cuya médula procedente de un donante) que asciende a 2.000 euros, y el autólogo (cuya médula procede del propio paciente) que vale más de 3.500 euros.

Tras los trasplantes, las operaciones más costosas son las relacionadas con las patologías cardíacas. El precio más alto en esta especialidad es el del recambio de la válvula mitral y de mitro aórtico (ambas, sobre los 13.000 euros), seguidos por los diferentes tipos de by pass que llevan a cabo los cirujanos del SCS y que oscilan entre los 1.700 y los 8.300 euros. En cuanto a los pacientes pediátricos, las intervenciones relacionadas con el corazón van desde los 7.700 a los 17.000 euros, dependiendo de la complejidad.

El documento que establece los nuevos precios, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado viernes, también detalla cuál es el importe por el transporte sanitario dentro y fuera de la comunidad canaria. Especialmente llamativo es el precio del traslado en avión medicalizado: a la Península cuesta más de 21.800 euros, mientras que entre las islas es de unos 3.800 euros.

Si para el traslado se utiliza un en helicóptero, el valor es menor (6.400 euros), y si es en ambulancia, varía si ésta es o no medicalizada (200 y 122 euros, respectivamente), que supera los 300 euros si dicho vehículo incluye soporte vital avanzado. Además, el transporte sanitario para diferentes cuestiones, ya sea individual o colectivo, el importe fluctúa entre los 16 a los 44 euros.

Asimismo, el documento del SCS especifica los precios para las diferentes pruebas complementarias que ofrece la sanidad pública canaria, como ecografías, mamografías y scanner, entre otras, cuyo precio varía dependiendo de la patología del paciente. Por ejemplo, una mamografía oscila entre los 128 y los 380 euros.

Siguiendo con las prestaciones que se pueden incluir dentro de la atención a la mujer, el SCS considera que un parto normal vale 1.200 euros, lo mismo que si se requiere cesárea, y el suministro de anestesia epidural en el paritorio supera los 80 euros.

Este baremo era el que se utilizaba a la hora de cobrar a los inmigrantes sin papeles por la asistencia sanitaria. Una situación que cambió el pasado mes de diciembre cuando la comunidad canaria (CC - PSOE) publicó una orden que devolvía la atención a este colectivo. Una atención que fue retirada hace cuatro años por el Gobierno de España (PP) y que diferentes comunidades autónomas han sorteado desde entonces.

En la disposición que actualiza los precios, incrementándolos en un 1%, se recoge además dos convenios con el Consorcio de Compensación de Seguros y con la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa): el convenio marco de asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico; y el convenio marco para la atención de lesionados en accidente de tráfico mediante servicios de emergencias sanitarias.

"Nuestro objetivo es mejorar la facturación a terceros. Es muy difícil que sea del cien por cien, pero debemos intentar que se nos escape muy poco porque si no, se lo estaríamos regalando a una empresa privada y no estamos en disposición de hacer eso", afirmó ayer Bernardo Macías, director general de Programas Asistenciales del SCS, que reconoció que en algún momento, años atrás, ha existido un "cierto descontrol" en dicha facturación, debido principalmente a la cantidad de turistas que recibe Canarias anualmente.

"Actualmente España está trabajando para establecer líneas más concretas de control de este tipo de flujos, de este tipo de gastos que se generan, que evidentemente el país de origen tiene que compensar", apuntó el director de Programas Asistenciales.

En opinión de Macías, hay un compromiso muy importante por parte de los centros dependientes del SCS para que cuando una persona que no tienen derecho a la atención acuda a un servicio, sea identificada rápidamente.

"Simplemente se debe recoger una serie de datos de esta persona para posteriormente poderle hacer el cargo. No tiene sentido que nosotros le regalemos a un seguro privado nuestro trabajo, porque eso va en detrimento de las disponibilidades económi- cas del propio servicio público", concluyó Macías.

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