El presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Ángel Tristán, ha anunciado que este órgano no apoyará la creación de nuevos institutos universitarios hasta que la ULPGC se comprometa a una revisión y reestructuración eficiente de sus departamentos e institutos de investigación.

Así lo ha afirmado Tristán Pimienta en la última sesión plenaria, donde puso de manifiesto la "preocupación" de este órgano universitario "por la política de departamentos e institutos en la ULPGC". En su informe al Pleno, Tristán Pimienta señaló que "la dualidad de departamentos e institutos de investigación en la ULPGC es insostenible" si no se realizan cambios en sus estruc- turas, dado que "actualmente, el papel investigador de los depar-tamentos lo están asumiendo los nuevos institutos creados en la ULPGC".

Para el presidente, "la demora en llevar a cabo este ajuste en la ULPGC, que emana de un acuerdo del pleno del Consejo Social el pasado julio de 2015, puede implicar un despilfarro que es inadmisible y perjudicial en estos tiempos en que no hay dinero ni para contratar profesores estables ni doctores". Así, Tristán Pimienta señaló que, en este sentido, el Consejo Social "frenará" la creación de nuevos institutos de investigación en la ULPGC "hasta que se apruebe una revisión de la estructura de los departamentos universitarios, que con toda seguridad ha de pasar por su reducción mediante la agregación para garantizar su sostenibilidad, además de responder a la planificación estratégica de la ULPGC.

El Presidente del Consejo Social informó al Pleno que próximamente habrá una reunión mixta entre miembros del Consejo de Gobierno de la ULPGC y el propio Consejo Social para alcanzar un acuerdo sobre el proceso de racionalización de la estructura departamental de la ULPGC, y así posibilitar la creación de nuevos institutos de investigación que, en la actualidad, aglutinan un gran número de grupos de investigación y la agregación de recursos y talentos de la Universidad.

Tristán Pimienta también informó al Pleno de la aplicación de las Normas de Progreso y Permanencia en la ULPGC en este último año académico. "El resultado ha sido que ha aumentado notablemente la productividad del colectivo estudiantil, disminuyendo, de paso y de forma notable, la tasa de abandono natural". El presidente señaló que el éxito en la aplicación de estas normas en la ULPGC ha sido gracias a la "determinación del Consejo Social en la aplicación, pero también a la sensibilidad y responsabilidad social, como le prometimos al Consejo de Estudiantes, ante los problemas y situaciones familiares sobrevenidas".

Asimismo, para el Consejo Social, todos los esfuerzos de racionalización y optimización de recursos como consecuencia de las Normas de Progreso y Permanencia "deben verse reflejados en la nueva financiación de las universidades canarias, mediante un contrato programa que defina objetivos y que se negocia en la actualidad con el Gobierno de Canarias".

En este sentido, por su relación con las Normas de Progreso y Permanencia, el presidente destacó que "al Consejo Social le preocupa la existencia de una bolsa de asignaturas 'cuello de botella' con un índice de fracaso que a veces alcanza niveles inadmisibles". Este aspecto ya ha sido abordado por el Consejo Social con algunos decanos y directores de centros, a los que se les hará llegar próximamente un informe en el que se detallan las asignaturas que sufren este alto nivel de suspensos, "con la intención de que, si así lo consideran, se analicen las causas y adopten las decisiones oportunas".

Por otro lado, el Pleno del Consejo Social aprobó por unanimidad las Cuentas Anuales de la ULPGC 2015. El Gerente de la ULPGC, Conrado Domínguez, explicó a los miembros del pleno que en el año 2015, el presupuesto de la ULPGC ascendió a 141.738.680 euros, de los que el 67,56% del total de gastos fueron de personal. El grado de ejecución del Presupuesto de Gastos superó el 93%.

Del mismo modo, el Pleno aprobó la Liquidación del Presupuesto del Consejo Social en 2015, que ascendió a 380.000 euros, un 5% inferior al ejercicio económico de 2014.