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Canarias ve inconstitucional la matrícula gratuita para el personal de la ULPGC

El Gobierno emite un informe de la reforma de los Estatutos Universitarios donde declara la exención de tasas de profesores y PAS contraria al principio de igualdad

Canarias ve inconstitucional la matrícula gratuita para el personal de la ULPGC

El Gobierno de Canarias considera inconstitucional la matrícula gratuita para el personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y familiares directos, por considerar que es contraria al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española. Así lo recoge el informe del Servicio Jurídico del Ejecutivo Autónomo en relación con la reforma de los Estatutos Universitarios, que realiza observaciones a 42 artículos, entre ellos la disposición final cuarta referido a la exención de tasas del profesorado y Personal de Administración y Servicios (PAS).

En esta disposición se reconoce al profesorado y miembros del PAS de la ULPGC, así como a sus familiares, el derecho a la matrícula gratuita en cualquier centro de dicha universidad. "El referido derecho constituye una exención del pago del precio público por la prestación de servicios académicos que, sin entrar en consideraciones competenciales y formales ha sido considerada unánimemente inconstitucional por los Tribunales que han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este tipo de exenciones subjetivas, al considerarla contraria al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 CE", recoge el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Gobierno.

En el texto alegan que "discrimina positivamente el profesorado y sus familiares a la hora de satisfacer el coste de los estudios universitarios, sin que razones especiales o condiciones particulares concurrentes en este colectivo, autoricen dicho trato desigual, que reviste así todas las características de una auténtica prerrogativa corporativa...".

Según informó el rector de la Universidad de Las Palmas, José Regidor, en el Claustro Universitario celebrado el pasado 23 de junio, entre las observaciones a los nuevos Estatutos, cuya aprobación final corresponde al Gobierno Autónomo, el tema que más preocupa es el de la matrícula gratuita para los miembros de la comunidad universitaria y familiares en primer grado, al ser cuestionado por considerarlo una exención del pago de precio público contrario al principio de igualdad plasmado en el artículo 14 de la Constitución.

"Lo que señalan ya fue cuestionado en los anteriores estatutos y, no obstante, salió adelante. Este tema será defendido como una medida de acción social, que se mencionan en la legislación, dado que actualmente se le está dando ese tratamiento, y como tal se cotiza por ella a la Seguridad Social y se tributa en el IRPF como retribuciones en especie", indicó el rector a la comunidad universitaria.

De momento, el equipo rectoral no quiere pronunciarse sobre ello, hasta que no finalicen el contrainforme en el que están trabajando y sea comunicado primero al Claustro Universitario. Tampoco el Gobierno de Canarias ha querido emitir ningún juicio al respecto, más allá del que recoge el citado informe de los Servicios Jurídicos.

Fuentes de anteriores equipos rectorales de la ULPGC aseguran que la exención de tasas al personal y familiares directos es un derecho que siempre existió, está recogido desde los primeros estatutos universitarios, tras adoptarlo la entonces Universidad Politécnica a semejanza del resto de las universidades españolas. "Eso era una especie de privilegio antiguo para los trabajadores de la universidad que estaba generalmente estandarizado en todas las universidades del país, aunque en algunas se ha ido eliminando", afirmaron.

Muchas de las universidades españolas tienen establecido un programa o convenio de ayudas para el estudio dirigido a los miembros de la comunidad educativa del centro. Este colectivo, que incluye tanto al profesorado como al personal de administración y servicios, se puede beneficiar en algunos casos de la exención total del pago de la matrícula o de importantes deducciones en el precio.

Es el caso de la Universidad de La Laguna, que no cuenta en la actualidad en sus estatutos con la matrícula gratuita para su personal y familiares en primer grado, pero en cambio tienen una convocatoria anual de ayudas que incluye la exención de tasas parcial para profesores, PAS y familiares directos. El pasado curso dicha prestación llegó a unos 500 solicitantes, y el importe varió en función del número de asignaturas matriculadas, titulaciones...

El profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Sánchez opinó al respecto que la exención de tasas al personal de la universidad no es inconstitucional.

"Decir que es inconstitucional me parece que es un poco matar moscas a cañonazos. Si el Gobierno Autónomo pone el dinero para el presupuesto de la Universidad, y la Universidad dice que se lo dedica a pagar los gastos del personal suyo, pues es un argumento, no sé si está bien o mal, a mi no me parece que sea inconstitucional, ahora, el artículo 14 establece el principio de igualdad y habría que ver hasta qué punto está motivado que el hijo de un funcionario por ser funcionario tenga unas condiciones de gratuidad distintas a las que puede tener los hijos de los no funcionarios", indicó el experto.

Sánchez indicó, que a pesar de no contar con la información necesaria para opinar en profundidad sobre el tema, a priori, considera que todas las universidades destinan fondos de acción social para sus empleados.

"El Gobierno en el ejercicio de su potestad por ser quien pone el dinero puede decir que para esto no se puede dedicar, pero me parece difícil afirmar que eso es inconstitucional. La Constitución tiene grandes principios, pero no se mete en materia reglamentaria. Lo que dice es que los españoles somos iguales ante la ley, que la administración está al servicio de los intereses generales, pero ya decir si se le puede pagar el diez por ciento del transporte a sus empleados o la matrícula e ir a la Constitución, me parece complicado".

Otra cosa es el debate social que despierta esta medida, para algunos es legítimo que cualquier empresa, pública o privada, tenga incentivos para sus empleados; mientras que otros opinan que los fondos públicos no deberían destinarse a este tipo de ayudas.

"Yo soy profesor universitario y me pagan con fondos públicos, habría que ver si a usted le parece bien o mal pagar con sus impuestos la matrícula de mi hijo..., pero eso es otro debate. Es difícil decir si esto es constitucional o no. Si se plantea un caso concreto puede que haya un juez que diga que hay una diferencia discriminatoria porque estamos hablando de fondos públicos, pero no lo sé", subrayó el profesor de Derecho Constitucional de la Complutense.

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