La exención de tasas del personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y sus familiares directos ha traspasado la discusión jurídica tras el informe del Gobierno de Canarias sobre su posible inconstitucionalidad, para instalarse en el debate social, que oscila entre la supresión de la medida o la defensa de la misma como un "derecho adquirido" de los trabajadores.
Es el caso del empresario Lizardo Martel, que ostentó la presidencia del Consejo Social de la ULPGC entre 1994 y 1998, una persona siempre comprometida con la institución académica. "Estoy a favor del avance social, el personal de la ULPGC ha tenido la matrícula gratuita hasta ahora y yo no se la quitaría, en primer lugar porque es un derecho adquirido, y en segundo, porque desde siempre la gente que trabaja en algún sitio suele tener alguna ventaja con relación a los exteriores", indicó.
Sobre las voces contrarias al pago de matrículas al personal universitario y sus familiares con fondos públicos, Martel indicó que "lo que no se debe pagar con fondos públicos es a todos estos políticos que han estado seis meses sin dar golpe y cobrando un sueldazo. Hay que distinguir entre un funcionario que está trabajando en un sitio y otros que no trabajan, como lo que ha pasado en política, en las Cortes no se han defendido los intereses generales sino particulares. Yo no me metería con los trabajadores y propondría que no se metieran, si lo hacen allá ellos con el lío, pero lo creo innecesario".
De la misma opinión es el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, que tacha de "discriminación positiva" la matrícula gratuita del personal de la ULPGC. "En el ámbito laboral, cualquier discriminación que responda a criterios objetivos el Tribunal Constitucional la considera conforme a Constitución. Leyes que hablan de contratación a favor de mayores de 45 años o que mayores de 25 tengan o no subvención en los contratos de trabajo, algo que en principio rompe el criterio de igualdad, sin embargo el Tribunal Constitucional ha reconocido que son discriminaciones positivas. Yo creo que la matrícula gratuita también responde a este mismo criterio de discriminación positiva".
Saavedra recordó que en otros niveles de la enseñanza, los hijos de profesores también han tenido tratamientos singulares, y no ve "ningún espíritu corporativista o discriminatorio" a la medida.
Una opinión que difiere de la expresada por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, que aboga directamente por eliminar la exención de tasas a los trabajadores de la Universidad y sus familiares y distribuir los fondos sociales por criterios de renta o excelencia académica. "Coincido con el Gobierno de Canarias en que una gratuidad de estudios por el simple hecho de ser familiar o personal adscrito a la universidad no procede, sobre todo cuando es con independencia de la renta o la excelencia académica del beneficiario. Las instituciones de dinero público tienen que ser muy exquisitas en sus usos".
Manrique de Lara insiste en que, a pesar de ser un tema generalizado en la enseñanza, se debe someter a revisión porque "en una economía en las que todos pagamos impuestos y hay transparencia en el gasto, esto son reminiscencias de un sistema fiscal en el que ya no estamos. En el escenario actual no cabe".
El investigador de la ULPGC Rafael Pérez, miembro del Claustro Universitario, ve razonable que una institución basada en el conocimiento "fomente la formación continua de sus miembros". "Un investigador debe ser un profesional en formación, aunque sea catedrático. De la misma manera que es lógico que un profesor de instituto de Arte, para preparar sus clases, pueda (y deba) entrar a un museo, y que se le bonifique la entrada, a los profesores universitarios se nos debe permitir seguir formándonos en unas condiciones que no supongan un perjuicio a nuestros recursos."
Como contrapartida, apunta que la formación continua (grado, postgrado, estancias externas...), como parte de un proceso de investigación y mejora docente, debería ser algo exigible, evaluable y verificable.
