La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) conservará en los nuevos estatutos las matrículas gratuitas para los profesores y funcionarios, así como para sus familiares directos (hijos y cónyuges), a pesar de que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han puesto en duda la constitucionalidad de una medida que podría conculcar el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna. El rector José Regidor explica que estos beneficios aparecerán en la nueva normativa estatutaria en forma de una ayuda social que se cobrará como retribución en especie, y por tanto tributará. En cuanto a la posible ilegalidad que escrimió el Gobierno canario, Regidor opina que solo el Tribunal Constitucional podría declarar la medida no ajustada a derecho.
Regidor explica que los nuevos estatutos no harán sino recoger una fórmula que de facto se lleva aplicando en la ULPGC desde 2014 para viabilizar las matrículas gratuitas de trabajadores y sus familiares directos. "Ya se venía haciendo, ya habíamos tomado esa medida. A pesar de los estatutos antiguos y de ser respetuosos con el tema, ya estábamos de esa manera. Ahora queda redactarlo en los estatutos nuevos de una manera que no podamos confundir, que quede claro", afirma.
En 2014, una modificación legislativa aprobada por el Gobierno de Rajoy abró la puerta a estas retribuciones en especie. Considerar las matrículas gratuitas una ayuda social y viabilizarlas a través de esas retribuciones es una fórmula a la que han acudido otras universidades españolas, no sólo la ULPGC.
Regidor entiende que no hay ningún problema en considerar estas matrículas como ayuda social. "Puede considerarse una ayuda social. De hecho ya estábamos considerándolo como una acción social, como una retribución en especie del personal de la universidad. Y se le hacía retenciones a esas cantidades en las declaraciones", explica el rector, quien considera que con esta modificación en los estatutos, la universidad "ajusta de acuerdo a lo que han dicho los servicios jurídicos del Gobierno".
Comisiones Obreras
Fue el sindicato Comisiones Obreras quien desveló, en un comunicado publicado el pasado miércoles en la web de su sección universitaria, que las matrículas gratuitas del personal de la Universidad y sus familiares se camuflarían en los nuevos estatutos como ayudas sociales, evitando así que se le pusieran pegas a su legalidad. Se cambiaba así la redacción inicial prevista para estos nuevos estatutos, en los que aún aparecían las matrículas gratuitas como tales, y que provocó el informe de los servicios jurídicos del Gobierno canario alusivo a una posible inconstitucionalidad. Los cambios suponen que estas ventajas se desplazarán detro del articulado estatutatio desde la Disposición Final IV hasta el Título I- Sección VII de los Servicios Generales y Sociales.
Comisiones explicaba entonces que la Comisión encargada por el Claustro de la ULPGC para redactar la modificación de los estatutos había encontrado una alternativa que permitía mantener las matrículas gratuitas evitando cualquier posible conflicto acerca de su constitucionalidad.
Ahora Regidor confirma esta alternativa introducida en la redacción de la modificación estatutaria, explicando que de hecho ya se venía haciendo así en los últimos dos años, y despeja cualquier dabate sobre una posible inconstitucionalidad señalando que, en última instancia es el TC quien únicamente debería pronunciarse en este sentido.
