A mitad del siglo XV los indígenas de Gran Canaria y Tenerife prometieron vasallaje al señorío de las islas de Canaria, dependiente de la Corona de Castilla, en lo que pudo ser una estrategia de los señores castellanos del Archipiélago para reivindicar su posesión frente a Portugal. Los hechos han sido precisados por el investigador Antonio Marcos López, especialista en I+D+i en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor de la obra Los pactos indígenas de Gran Canaria y Tenerife. Una revisión cronológico-contextual.

El trabajo trata de precisar la cronología "para encajar las piezas del rompecabezas", según López, pues este es un periodo histórico poco conocido y muy complejo. La cronología es "fundamental" y una asignatura pendiente de la historiografía en Canarias, ya que el estudio a fondo de la parte documental "se ha descuidado bastante" y por ello sería necesario "tratar de desenredar" en las fuentes históricas.

Publicada por Le Canarien Ediciones, la obra se refiere a la existencia de al menos tres pactos de vasallaje entre los nueve menceyes de Tenerife y los dos guanartemes de Gran Canaria con Diego García de Herrera y su esposa, Inés Peraza, titular del señorío. Celebrados antes de la Conquista promovida por los Reyes Católicos, reciben los nombres de Acta de Las Isletas, firmada en Gran Canaria el domingo 16 de agosto de 1461; Acta del Bufadero, Tenerife, sábado 21 de julio de 1464, y Acta de Zumeta, Lanzarote domingo 11 de enero de 1476.

Sólo se conserva una copia oficial actualmente mutilada del Acta del Bufadero, aunque ya fue transcrita al completo por el historiador y genealogista Juan Núñez de la Peña a fines del XVII, mientras que de las otras dos dan testimonio el licenciado Luis Melián de Betancor y fray Juan de Abreu Galindo.

"Jugaban a dos bandas"

Las dos primeras actas aluden al pacto de vasallaje que piden Herrera y Peraza a los indígenas a cambio de delegarles la gobernación de las islas y, en el caso de Tenerife, cada mencey debía enviar a los señores nueve esclavos y entregarles toda la producción de orchilla, liquen utilizado para elaborar el color púrpura.

En ese momento, Portugal y Castilla pugnaban por el control del Atlántico y, de hecho, en 1464 el rey castellano Enrique IV había cedido el derecho de conquista de las islas insumisas -Tenerife, Gran Canaria y La Palma- a dos condes portugueses. López sostiene que con los dos primeros pactos suscritos con los indígenas la familia Herrera-Peraza quería reivindicar su señorío no sólo ante Portugal, sino ante la propia Corona de Castilla, contra la cual de alguna manera se rebelaron porque la concesión al reino luso perjudicaba sus intereses.

De hecho, cuando años más tarde los Reyes Católicos expropiaron a los señores del derecho de conquista sobre las islas insumisas, se redactaron cartas en las que los monarcas de Castilla piden a Diego de Herrera que averigüe quiénes de entre sus súbditos estaban ayudando a los portugueses, cuando probablemente se trataba de él mismo. Cuando en 1468 Enrique IV revocó su propia concesión, los portugueses enviaron a Canarias al capitán Diogo Da Silva, quien atacó y destruyó las tierras de los Herrera-Peraza y éstos huyeron a Famara en Lanzarote y sin embargo, luego decidieron casar a su hija mayor con el portugués para garantizar una posible alianza con el Reino luso, una prueba de que "jugaban a dos bandas en todo momento".

El único que menciona el acta de Zumeta es Abreu Galindo y para Antonio López es distinta a las otras dos y más "misteriosa", pues alude a que diez indígenas de Gran Canaria se trasladaron a Lanzarote a pedir perdón por haber destruido la Torre de Gando.