Entre las consecuencias más polémicas de la conocida como Ley Wert se encuentra la desaparición de la PAU y la puesta en marcha de una reválida, examen obligatorio para titular en Bachiller. La oposición de la mayor parte de las comunidades autónomas y las propias universidades, que incluso lograron una moratoria de un año, han ido retrasando la puesta en marcha de esta medida hasta que se aplique definitivamente en junio de 2017. En Canarias, el Gobierno regional y las dos universidades apuestan por configurar una sola prueba, que sirva al alumno para obtener el título de Bachiller y también acceder al sistema de educación superior.
El cómo es una de las cuestiones que está en veremos, según confirma el vicerrector de Alumnado de la Universidad de La Laguna (ULL), Alfonso García, quien explica que la intención de las instituciones es que "sea lo más similar posible a la última Prueba de Acceso a la Universidad". Es el punto de partida de la organización de estos exámenes, para cuya regulación se ha creado una comisión específica.
Así se acordó en una reunión celebrada el martes en Gran Canaria en la que participaron el viceconsejero de Educación, Juan Manuel Santana, el director general de Universidades, Ciro Gutiérrez, y la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee), María Teresa Acosta por parte de la Consejería regional de Educación, y los vicerrectores de alumnado de la ULL y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Nicolás Díaz de Lezcano, además de personal técnico.
"La comisión comenzará a trabajar a principios del próximo mes de septiembre", avanzó García, quien informó de que "se trata de adelantar la organización de la prueba hasta que el Ministerio ofrezca más información", y lamentó que desde el Gobierno central se haya retrasado la tramitación porque "la modificación normativa requiere un trabajo previo de organización que puede no llegar a tiempo".
García recordó que durante la reunión de la pasada semana entre el Ministerio de Educación y los representantes de estudiantes en la CRUE, "aludieron al 30 de noviembre como plazo máximo para la publicación del real decreto que regule las pruebas", una fecha que a juicio del vicerrector "es tarde".
A pesar de que admite que la propia Lomce regula algunos aspectos, entiende que "es necesario el real decreto". Así, señala que la normativa regula que al menos la mitad de los contenidos sean de tipo test pero no aclara los criterios de evaluación. "Además, hay cambios importantes en las modalidades de las propias asignaturas entre las que son troncales y específicas".
Sentencia que la intención de Canarias es que "la prueba específica que permite hasta cuatro puntos más sobre diez debe seguir existiendo" e insiste en que la modificación implica otro tipo de cambios de gestión que debe tratar la comisión. Entre ellos, recuerda que la evaluación de Bachiller es competencia de la Comunidad Autónoma mientras que el acceso a la universidad corresponde a las instituciones de educación superior, "por lo que es necesario llegar a un consenso".
