En 2015 el Instituto Canario de Igualdad concedió a 71 mujeres víctimas de violencia de género una ayuda económica de forma directa. La concesión y abono de esta prestación supuso un desembolso para el Gobierno regional de casi medio millón de euros. Su objetivo está dirigido a las víctimas de violencia de género, para aquellas que puedan acreditar su escasez de recursos y unas dificultades especiales para obtener un empleo. Se da con la finalidad de garantizar los derechos económicos de las víctimas, así como facilitar la integración social y la autonomía de las mujeres que han sufrido malos tratos.
Asimismo, en el primer semestre de 2016 (de enero a junio) se concedieron siete ayudas de este tipo por un importe total de 35.784 euros. Dos de las peticiones ya han sido denegadas por incumplimiento de los requisitos. La cantidad pendiente de resolver es de 41 expedientes lo que indica que en los seis primeros meses de este año han sido 50.
Las ayudas dadas en 2015 fueron 71 pero 23 fueron denegadas por no cumplir los requisitos y siete resultaron archivadas. Esto se traduce en un total de 101 solicitudes en las que el Ejecutivo canario invirtió poco más de 483.000 euros. Esta cantidad es un poco mayor a las peticiones que se realizaron en 2014, cuando los expedientes ascendieron a 96. De estas, fueron concedidas 81, mientras que 15 fueron denegadas por los técnicos. El gasto ascendió en 2014 a 480.000 euros.
Una vez instruido el procedimiento con todos los informes y la documentación necesaria, Marián Franquet, directora del Instituto Canario de la Mujer, dictará la resolución que siempre se plasmará de forma individualizada, ya sea concedida o rechazada. El plazo máximo de respuesta se fija en tres meses.
Franquet dejó claro que estas ayudasno son las únicas a las que puedan optar las víctimas aunque sí las que se dan de forma directa. En este sentido, "las mujeres víctimas de violencia de género tienen opciones de conseguir ayudas y subvenciones en muchos proyectos o convocatorias", afirmó. Canarias fue, en 2015, la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas.
