La investigación dio comienzo en 2011 con las primeras detenciones

14.09.2016 | 00:29

Saltó la liebre cuando nadie se lo esperaba. Estaban inmersos en un proceso electoral interno y la noticia llegó como un jarro de agua fría. El 1 de julio de 2011, un día después de las elecciones de la nueva junta directiva de la SGAE, la Guardia Civil registró varias sedes de la sociedad de autores así como 17 domicilios particulares. Todo se produjo en el marco de la denominada operación Saga de la Fiscalía Anticorrupción. Unos días, el 29 de junio de 2011, salía a la luz en los medios de comunicación que la Audiencia Nacional estaba investigando a la SGAE por supuesta desviación de fondos.

En ese momento se produjo el mayor número de detenciones. El primero en caer fue el entonces presidente, Teddy Bautista, junto con otros ocho miembros de la SGAE, entre ellos José Neri (director general de la SDAE, la Sociedad Digital de Autores y Editores), a los que se les acusa de apropiación indebida, falsificación de documentos y desvío de fondos. Unos 400 millones de euros que habrían obtenido gracias al canon digital.

La investigación se produce tras una demanda de noviembre de 2007 de la Asociación de Internautas. La SGAE anunció que tomaría medidas legales si se demostraba que la entidad había sufrido algún perjuicio por parte de la SDAE. El 12 de julio de 2011, Bautista presenta su renuncia como presidente de la SGAE tras lo sucedido. A finales de 2012, José Ramón Julio Márquez Martínez, conocido en el mundo artístico como Ramoncín, también fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la causa por estas irregularidades.

Imputado en 2014

En el verano de 2014, el mismo juez imputa a Caco Senante por el cobro irregular de 30.000 euros. El cantante canario fue citado para declarar dos meses después por unos trabajos que supuestamente hizo para las Islas pero de los cuales no existía documentación.

En el auto, el juez argumenta que Senante, miembro del consejo de dirección de la SGAE desde julio de 2007, "pudiere haber procedido a cobrar de modo presuntamente irregular unos emolumentos en el periodo de octubre de 2010 a junio de 2011, mediante la emisión de facturas a la SGAE a través de una sociedad, por un importe no inferior a 30.000 euros, por prestación de servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias".

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