"Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". Así reza el artículo 27, punto 5, de la Constitución Española de 1978. No hay, en ese aparte, lugar a la duda. Hoy, en 2016, sin embargo, se vulnera esa declaración de derechos en las aulas de Canarias: los alumnos sordos de las Islas sólo cuentan con un intérprete de la lengua de signos en 10 de las 30 horas lectivas de la semana.
La situación la denuncian tanto las federaciones de personas sordas del Archipiélago como las asociaciones de intérpretes del lenguaje de signos. La queja de ambos grupos, reiterativa ante la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, destapa un sistema mal regulado en la comunidad autónoma para los alumnos con problemas auditivos y que, poco a poco, excluye a los estudiantes con sordera. La protesta parte por la ausencia de traductores en los centros escolares durante dos tercios de las horas lectivas de la semana en los cursos de secundaria.
Ese escenario, con sólo un 33 % de las materias ilustradas por un intérprete según las necesidades de los alumnos, dibuja un panorama desolador para los jóvenes sordos: espacios de horas muertas en las aulas sin la posibilidad de seguir el mismo ritmo que el resto de sus compañeros, coyuntura que les deja en una situación de debilidad y que, según ellos mismos, "nos condena a una mala formación en el presente y a trabajos precarios en el futuro".
El problema trasciende más allá de los alumnos, ya que los intérpretes de la lengua de signos se sienten "condenados" a una condición de trabajo precario debido a la falta de un plan efectivo de la consejería de Educación. "No contamos", exponen desde Acailse (Asociación de Intérpretes de Lengua de Signos y Guía-Intérpretes de Canarias), "con garantías laborales a largo plazo, no hay un plan concreto al que atenerse". "Además", agregan, "durante los últimos años hemos sufrido retrasos en los pagos de las nóminas y las cláusulas que nos han impuesto las universidades para trabajar no han facilitado nuestra labor".
Contratiempo desde la raíz
Las asociaciones recalcan que la traba no es nueva y que afecta en cadena a todo el sistema educativo del Archipiélago. El rompecabezas, según indican, arranca en las guarderías -servicios que dependen los ayuntamientos; no del Gobierno de Canarias-. Para reconducir el problema recomiendan un trabajo de prevención con especialistas, ya que "la acción temprana es fundamental" para la detección y atención de los trastornos que genera la sordera.
Ese primer paso, de darse o no, marca el resto de la trayectoria escolar del alumno. Si los niños dan el salto al colegio con un diagnóstico claro y con trabajo previo en la guardería, la labor para que los equipos específicos -obligados en muchos casos a utilizar criterios que están condicionados por la falta de presupuesto- busquen recursos con el objetivo de ayudar al estudiante se facilita de manera considerable. De lo contrario, esa deficiencia se arrastra durante los siguientes cursos.
Para las asociaciones de personas sordas, el impedimento que sufren los niños en sus primeros años se multiplica de manera considerable: sin la presencia de los guías se les impide seguir con normalidad la materia impartida y se les priva de un gran apoyo para su seguridad y autoestima en años claves para la formación de su personalidad. Además, condiciona de manera negativa los métodos de trabajo de los jóvenes, que en secundaria -en muchos casos-, se topan con intérpretes sin apenas haber trabajado antes con profesores adaptados. Ese obstáculo, a larga, lleva al fracaso escolar.
Entre el gremio de intérpretes se subraya que el principal incoveniente durante los últimos años ha sido económico, tanto por la falta de presupuesto para contar con traductores en las aulas con niños sordos como a la hora de cobrar sus salarios. En marzo llegaron a denunciar su situación de precariedad en la Universidad de La Laguna (ULL) al denunciar continuos retrasos -durante meses- en el pago de sus servicios -que ofrecen en calidad de autónomos- y por las altas claúsulas impuestas por el centro.
Canarias no es la única región que se ha topado con este problema en su sistema educativo. El Principado de Asturias, este año, optó por la externalización del servicio de intérpretes de lengua de signos en el sistema público de educación, decisión por la que el Ejecutivo que preside Javier Fernández fue criticado. En Andalucía, el colectivo que sirve como puente entre el profesor y el alumno, fue a la huelga en 2015 para reclamar a la Junta que asumiera completamente la gestión del servicio y no subcontrate el servicio a empresas privadas a través de un concurso público.
Y este mismo mes, en Baleares, la conselleria regional de Educación tuvo rectificó al decidir que los auxiliares técnicos educativos (ATE) especialistas en interpretación de lenguaje de signos que en los últimos años atendían a los alumnos con incapacidad auditiva del colegio Poeta Villangómez y el instituto Santa Maria regresasen a ambos centros después de eliminar la partida presupuestaria que mantenía el servicio en la isla de Ibiza.
