Canarias necesita alrededor de medio millón de euros para ampliar el servicio de intérpretes de lengua de signos para estudiantes de Formación Profesional (FP), etapa en la que actualmente cursan estudios alrededor de 50 personas con discapacidad auditiva. Así lo explicó ayer la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, quien aseguró que "las necesidades de los alumnos sordos en Primaria y Secundaria están cubiertas".
La responsable de la Administración educativa mantuvo una reunión ayer con representantes del grupo parlamentario de Podemos así como de algunas de las asociaciones del colectivo de personas con discapacidad auditiva, en la que trasladaron a Monzón su malestar por lo que consideran "una barrera al acceso a la educación". La diputada de Podemos, Natividad Arnáiz, explicó que de las 30 horas lectivas del alumnado, solo cuentan con intérprete de lengua de signos en 10 de ellas y exigió a la Consejería de Educación que "se incluyan los fondos necesarios en los presupuestos del próximo ejercicio".
Prioridades
Al respecto, Soledad Monzón argumentó que "con los recursos con los que se dispone, la prioridad es atender las necesidades educativas especiales de las etapas obligatorias" e insistió que en el caso de Primaria y Secundaria "las necesidades del alumnado están cubiertas porque no siempre se trata de disponer de intérpretes". "La mayoría de los estudiantes tienen implantes y si no, hay otros recursos en los propios centros", añadió,
No obstante, la consejera admitió que "en el alumnado de FP sí hay una demanda de aumento de intérpretes", pero incidió en que "los fondos deben destinarse a las etapas obligatorias": "La realidad es que el alumnado con necesidades educativas especiales va creciendo cada año y hay diagnosticados alrededor de 20.000 entre los que se encuentran los escolares con discapacidad auditiva", puntualizó Monzón quien concluyó que "hay que poner los recursos allí donde sean necesarios".
La queja elevada por Podemos llegó avalada por el testimonio de las tres entidades que defienden el derecho a la inclusión de las personas con discapacidad auditiva: Funcasor, Fasican y Acailse. Esta última aglutina al colectivo de intérpretes de signos. La portavoz Silvia Saavedra denunció que "tras 15 años prestando el servicio en las aulas, hemos ido a peor".
