Cada vez que toca adelantar o atrasar los relojes se reabre el debate sobre la singularidad de los horarios en España, se escuchan propuestas a favor y en contra del horario de verano acordado en la UE y surgen los defensores de volver al huso que geográficamente nos corresponde. Que los españoles tienen costumbres distintas a las de muchos otros europeos -por lo general, nos despertamos, comemos, salimos del trabajo, cenamos y acostamos mucho más tarde- es incuestionable; que el país -excepto Canarias- no se encuentra en el huso horario que le toca, también. En 1940, España, que debería tener la misma hora que Gran Bretaña y Portugal, la adelantó sesenta minutos para acompañar a otros países europeos continentales; Iba a ser una medida transitoria, pero ahí sigue. Partidos como PP, PSOE y Ciudadanos dicen estar de acuerdo en volver a dejar las cosas en su sitio en aras a la conciliación, pero aún no se ha concretado nada.

A este desfase hay que sumar que dos veces al año cambiamos el reloj: este domingo hay que retrasarlo una hora -a las tres serán las dos- pero comunidades como Baleares y Comunidad Valenciana no quieren hacerlo, aunque están obligadas por una directiva europea. Pero, ¿qué hay detrás de esta petición o la de cambiar el huso horario? ¿qué margen tienen el Gobierno y otras instancias políticas? Los argumentos a favor y en contra son variados y se refieren a cuestiones económicas -ahorro energético, fomento del turismo-, sociológicas -conciliación- y hasta psicológicas de la población -alteración de los biorritmos, especialmente en niños y ancianos-.

Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el ahorro potencial en iluminación durante el "horario de verano" -de marzo a octubre-, podría haber alcanzado este año el 5 por ciento, unos 300 millones de euros, aunque otros expertos no lo creen demostrado.

Respecto a mantener el horario de verano indefinidamente, no se puede hacer nada; el cambio de hora está regulado por una directiva comunitaria incorporada al ordenamiento jurídico español en 2002.