La Isla de la Basura, también conocida como la Isla de los Plásticos, no para de crecer en el Pacífico Norte. Esta zona del océano tiene ya un tamaño estimado en 1.400.000 kilómetros cuadrados, lo cual triplica la superficie de España, y está cubierta por una gran mancha de polución marina que gira sobre sí misma atrapando todo tipo de desechos humanos en su interior. Su principal fuente de alimentación es el plástico no biodegradable, un material que se ha convertido en las últimas décadas, por el aumento de la producción global y la reducción de costes, en una de las mayores amenazas sobre el Medio Ambiente. Cada año, desde el Ártico hasta la Antártida, se vierten ocho millones de toneladas de plásticos al mar, para formar el 70% de toda la basura que se halla en el medio acuático.
España produce 13.500 millones de bolsas de plástico al año y genera 98.000 toneladas de residuos a partir de estas. Para hacer frente a esta crisis, la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 23 de noviembre la prohibición de comercializar, importar y exportar bolsas no biodegradable o de un solo uso a partir del 1 de enero de 2017. Esta iniciativa parlamentaria pretende limitar el uso de las bolsas con la etiqueta oxodegradable, que se limitan a añadir aditivos a los plásticos convencionales. El objetivo es sustituirlas gradualmente por bolsas de papel reciclado o fabricarlas con un 50% de materiales orgánicos como la fécula de la papa o el almidón.
El Gobierno de España cumple de esta manera con la directiva comunitaria 2015/720, aprobada por el pleno del Parlamento Europeo el pasado 28 de abril de 2015, en su ofensiva contra el plástico, aunque lo hace tarde y de manera limitada, según denuncia Greenpeace. La ONG ambientalista aclara que, pese a que esta iniciativa se aprobó por iniciativa de Ciudadanos, la moción llega cuando el plazo establecido por la Unión Europea, fijada para el 27 de noviembre, está a punto de vencer, con lo que el país incurriría en un grave incumplimiento de la directiva.
Greenpeace, como también asociaciones ecologistas como Ben Magec, exigen una actuación integral para frenar esta amenaza, pero en Canarias, como en el resto del mundo, se halla el reverso de la moneda. En el Archipiélago hay fabricantes como Plásticos Archipiélago -especializada en la fabricación de bolsas degradables producidas con polietileno- o Tinerplast y Platinsa en Tenerife; importadores como PDR Canarias, Canarybolsas y Canpaplas, entre otros; y empresas de reciclado, recuperacion, transformacion, confeccion y fabricacion, como es el caso de Plascán. Todas ellas se ajustan a normas como ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, con sistemas de gestión integrado en calidad y Medio Ambiente, para el cumplimiento de todos los requisitos establecidos. En esta línea de actuación y como respuesta al anuncio de prohibición estos expresan su voluntad por acatar las nuevas restricciones como parte de su compromiso medioambiental. Pero también admiten cierta preocupación, por las limitaciones e inconvenientes que implica para la industria, el tener que cambiar su maquinaria o ajustarse a los nuevos materiales y su mayor coste. Por esto exigen que la reglamentación se articule acompañada por medidas y un programa de ayudas en paralelo para poder adaptarse a este nuevo escenario.
Con estos términos se expresa Ismael García, gerente de Canpaplas, Canarias de Papel y Plásticos, así como Pedro Díaz-Reixa, gerente comercial de PDR Canarias.
"La norma tiene que estar b ien articulada y regulada, para impedir el mercado sumergido que procede de otros mercados como el chino", plantea Díaz-Reixa, que asegura que los componentes biodegrabales incrementan los costes en torno al 15% y el 20% y este intuye que será el consumidor, a través de las grandes superficies, el que pague este incremento del precio.
Ismael García, cuya empresa se verá afectada especialmente en la venta de bolsas con asas de supermercado o las de rollo habituales en los comerciso de frutas y verduras, reitera la necesidad de incorporar programas de asistencia a la onversión industrial.
Las asociaciones ecologistas por contra lamentan que esta iniciativa llega tarde, con más de un año de retraso y por imposición, lo cual, según valoran, deja claro la nula volutad del Gobierno en la materia. Además, entiende que su alcance es limitado, ya que solo prohibe el uso de ciertos componentes en el proceso de fabricación. Tania Montoto, responsable del área marina de Ben Magec y Ecologistas en Acción apunta que la articulación del término biodegradable presenta cierta controversia. "Muchos plásticos etiquetados como biodegradables no lo son. sus componentes están fabricados para deteriorarse con el efecto del sol y la arena, pero no se degradan en el mar, que es donde acaban la mayoría, donde están expuestos a otras condiciones físico-químicas, con lo cual siguen causando el mismo impacto", explica, antes de señalar que, el mejor plástico no es el biodegradable, "sino el que no se consume", por lo que seguir produciendo al mismo ritmo, con la coletilla de biodegradable no es una opción viable. Esta explica que hay que apostar por una Economía Circular basada en el concepto "de la cuna a la cuna", es decir, a partir de plásticos reciclables (hay otros que no se pueden reciclar); así como la implementación de un sistema de retorno.
En definitiva, Greenpeace y Ben Magec, reciben la prohibición como una medida muy esperada pero insuficiente. Estos recuerdan que la Ley de Residuos se aprobó en 2011, y en 2012 la Comisión Europea realizó una consulta pública cuyo resultado arrojó que el 70% población estaba a favor de su prohibición. Montoto concluye que estamos rodeados de países que han implementado medidas más exigentes: Francia, Senegal, Dinamarca, Cabo Verde...
