En este tiempo al frente de la Consejería, ¿su gestión ha estado marcada por la aplicación y la polémica de la Lomce?
Efectivamente, el año y medio que llevamos de legislatura ha estado marcado por la Lomce, que ya llevaba un año implantada. Es verdad que eso nos ha creado una incertidumbre no solo ha sido a la parte nuestra como responsables de la ejecución de las políticas educativas sino a toda la comunidad. Partiendo de lo ya dicho, que es una ley que se aprobó sin el consenso de la comunidad, hemos recurrido las evaluaciones de tercero y sexto de Primaria y las evaluaciones de cuarto de Secundaria y segundo de Bachillerato, pero al final la buena noticia es que las reválidas como tales de Secundaria y Bachillerato desaparecen, y ahora iniciamos un nuevo periodo de debate, de reflexión y de valoración del sistema educativo a nivel del Estado. Es un momento de bastante relevancia.
¿Qué postura defenderá el Gobierno de Canarias en este nuevo período?
Las reválidas están suspendidas hasta que haya una nueva norma pero entendemos que la posición que se va a mantener por la mayor parte de las fuerzas políticas y de las comunidades autónomas va a ser que se quede así, es decir que no se vuelvan a aprobar. Nuestra posición es que sean evaluaciones de diagnóstico de carácter muestral y la prueba de acceso a la universidad lo más parecido a la que estaba en estos momentos.
Las reválidas son una parte, también se plantea la necesidad de un debate en profundidad acerca del sistema educativo
Sí, efectivamente la Lomce es mucho más que las reválidas y la posición que vamos a tener es la modificación de la ley. No está claro si la tendencia será derogar la Lomce y crear un nuevo marco educativo o de lo que se trata es de mantenerla hasta que se haga una ley nueva. Eso está en manos del Congreso de los Diputados que es quien tiene la facultad de derogar una ley o de plantear una nueva y las comunidades autónomas estamos pendientes de cual será la fórmula que adopte el Congreso.
En cualquier caso, ¿abogan por cambiarla?
Totalmente. Hay muchos aspectos de la Lomce que hay que hacer desaparecer, no solamente las reválidas. Hay que volver a darle la participación que necesitan las familias en los consejos escolares, apostar por un sistema educativo inclusivo y equitativo donde no se establezcan ningún ranking ni evaluaciones que perjudiquen el desarrollo del alumnado y más cuestiones que habrá que poner sobre la mesa pero que deben ir siempre de la mano de toda la comunidad educativa. Debe ser una ley que salga del consenso y no la confrontación, todo lo contrario de la Lomce.
¿Cómo ha afectado esa incertidumbre que mencionaba en la gestión de la Administración educativa?
Se trabaja muy mal. El desarrollo de los curriculum le corresponde a la comunidad autónoma y se han desarrollado tarde, por lo que han tenido que empezar las clases con borradores de curriculum y no con los contenidos aprobados de forma definitvia, lo que crea mucha incertidumbre en el profesorado a la hora de preparar los temas. La financiación llega a través del Fondo Social Europeo y todo lo que viene de ahí requiere una justificación muy exhaustiva, lo que ha distorsionado también la gestión de los centros educativos, los equipos directivos y el profesorado que han tenido que justificar fondos cuando no es esa su tarea. Este año hemos liberado horas a los equipos de los centros para que puedan hacer estas gestiones. La Formación Profesional Básica se implanta de forma precipitada y ha generado también muchos problemas. Los cambios en las optativas en Bachillerato han generado expectativas al alumnado que luego es difícil de organizar en los centros. Todo eso ha generado que en estos tres años de implantación de la Lomce se ha hecho bastante difícil la gestión. Muchas de las cuestiones que hemos mejorado desde la Administración como puede ser nombramiento de profesores con antelación o cobertura de bajas lo más rápido posible, al final los resultados se ven distorsionados precisamente por características de la implantación de la Lomce.
Canarias tiene su propia ley educativa, aprobada la legislatura anterior, pero también hay quejas. ¿cómo se está aplicando?
Las quejas tienen que ver con la financiación. La ley establece que en 2022 el presupuesto destinado a Educación debe ser el 5% del PIB. Hay dos formas de conseguir este objetivo: o establecer el 5% cada año para que en 2022 esté asegurado o irlo haciendo progresivamente para conseguirlo en el momento final. Está claro que la situación de crisis sigue existiendo, vamos mejorando presupuestos pero ni siquiera todo el incremento que se produce en todas las áreas del Gobierno puesto en Educación conseguiría el 5% del PIB, por lo tanto es imposible que podamos tenerlo en estos presupuestos y probablemente no en los siguientes. Nos planteamos conseguir el objetivo en el plazo que está fijado, en el 2022, y, si podemos, conseguirlo antes. Este año hemos incrementado 42 millones de euros pero tenemos total seguridad de que a lo largo del año habrá suplementos y leyes de crédito extraordinario que mejorarán los presupuestos y que se encaminan a ese horizonte de 2022. Otro planteamiento que hay respecto a la ley canaria de educación y que no se ha cumplido es que ctiene una serie de planes: a la atención a la diversidad, de igualdad, de formación del profesorado, de educación infantil,... y que tenían unos plazos desde que se aprobó la ley. Cuando nos incorporamos al Gobierno ya habían pasado muchos de esos plazos, porque la ley fue muy ambiciosa a la hora de aprobar esos planes. Nos hemos incorporado dos años después de aprobarse la ley y hemos tenido que empezar a realizar esos planes , que esperamos tenerlos ya en breve.
¿Pero hay financiación específica para estos planes?
Por ejemplo, el plan de atención a la diversidad requiere no solo fijar cómo debemos atender al alumnado con necesidades educativas especiales, sino efectivamente de qué manera podemos ir incrementando recursos que pongan solución a esa diversidad en las aulas. Cada año vamos incrementando, en este año con medio millón de euros para este tipo de políticas, pero además en el momento en el que saquemos el plan estarán también cuantificado los recursos que necesite. Con otros planes, ya muchos de los recursos están implatados en los propios presupuestos en partidas de formación al profesorado o en proyectos de innovación.
A pesar del aumento para el próximo año, ¿considera que la partida de Educación es suficiente?
Ningún presupuesto es suficiente en un área social, ni sanidad, ni servicios sociales, ni educación, sobre todo cuando llevamos un retraso importante en muchas áreas. En concreto, hay un déficit de infraestructura educativa en Canarias que hizo que durante años viniese una partida concreta, el PIEC, desde el Gobierno del Estado. Ese Plan desapareció en 2012 con 15 centros proyectados y necesarios en Canarias. Desde el año pasado los estamos sacando a contratación, el año pasado pudimos sacar seis de los 15 centros y este año la idea es sacar otros cinco o seis más. Se está haciendo con recursos propios de la Comunidad Autónoma, y que en la medida en que se pudiera recuperar ese dinero del Gobierno de Madrid podríamos destinar los fondos que dedicamos a infraestructuras a otras partidas. Desde 2009 lo que han hecho los presupuestos ha sido descender en lugar de crecer, salvo para 2016 y 2017. Además, en 2016 se logró crédito extraordinario que gran parte se fue al abono de la paga extra del personal,que en Educación es un dineral, y ahora otros 42 millones.
Se aumentan también los fondos de las dos universidades públicas, ¿a dónde dirige la Consejería esos 4,4 millone más?
Estamos en plena negociación con las dos universidades para devolverles un sistema de financiacióne estable. La próxima semana hay una nueva reunión del equipo que está trabajando este modelo y el planteamiento que hacemos es de una finaciación básica que tiene que ver con gastos de personal y las necesidades en infraestructuras y luego una financiación de carácter más estratégica vinculada a objetivos. Iniciamos esta financiación con un incremento en los presupuestos de este año de 4,4 millones de euros y que van a la parte financiación básica y que fundamentalmente va dirigida a esas necesidades más urgentes en infraestructura que tienen ambas universidades.
¿Recibirán lo mismo, 2,2 millones para cada una?
Eso se cerrará en esta próxima reunión en función de los objetivos y de los criterios y de los indicadores que se fijen. La financiación que han venido recibiendo hasta ahora es desigual porque precisamente en la parte básica, cuando se habla de gastos de personal, hay diferencias entre las dos centros. El destino final de estos 4,4 millones puede quedar en un reparto igualitario o que se seguirá marcando la diferencia en función de los gastos.
En el sistema no universitario, está teniendo más protagonismo la negociación con el profesorado, que exigen cambios en la regulación de las listas y mejoras salariales. ¿Cuál es la posición de la Administración?
Por supuesto todos los planteamientos que hacen los sindicatos están en la mesa sectorial de negociación y están todos aceptados. Como Administración hemos reconocido esa diferencia salarial que se tiene respecto a otras comunidades del estado español. La única diferencia que tenemos es en los tiempos, que tienen que ver evidentemente con la disponibilidad de recursos. En la medida en que se van produciendo incrementos presupuestarios estamos intentando resolver los problemas más urgentes.
¿Cuáles son esos problemas?
Hhay que seguir incrementando profesorado para bajar las ratios en las aulas; atendiendo al alumno con necesidades educativas especiales, seguir fomentando el bilinguismo en las aulas, cubriendo aquellas necesidades de alimentación del alumnado, porque los desayunos escolares los empezamos a asumir integramente desde la Consejería, seguir creando aulas y espacios y contenidos digitales y aún así ayudando a las familias para que puedan disponer de los libros gratis mientras avanza la digitalización de los contenidos,.... Todos los incrementos presupuestarios van siempre a aquellas cuestiones difíciles de dejar atrás y creo que eso el profesorado lo entiende. Está claro que ellos tienen que seguir reivindicando sus mejoras salariales y, como digo, reconocidas por la Consejería. Esperamos que que podamos afrontarlas lo antes posible.
Hablaba de comedores o libros de texto, que son programas complementarios al servicio educativo, ¿se apuesta por mejorarlos?
Se sigue apostando y de hecho se siguen incrementado el transporte escolar, los comedores y las ayudas a los libros de texto son efectivamente servicios y ayudas complementarias pero necesarias. Sigue habiendo alumnado al que no cubrimos el transporte y lo ideal sería llegar a todos los estudiantes. En Infantil tenemos problemas en determinadas zonas que es difícil el transporte regular y ojalá pudieramos cubrirlo también en Bachiller y Formación Profesional. Respecto a los comedores, afortunadamente está estable el número de comensales con cuota cero que son aquellas familias que no pueden pagar el comedor. Este colectivó está en 14.000 alumnos y no crece pero el problema está en que no sabemos si faltan familias que, aún no teniendo recursos, no se apuntan a los comedores. Nos lo estamos planteando con los ayuntamientos para ver cómo trabajar de la mano de los servicio sociales para conseguir que ningún niño o niña que tenga problemas familiares no esté acudiendo a los comedores o los desayunos, aunque eso pueda incrementar la cifra. Y los libros de los texto, es una medida a tres años que se ha iniciado con los alumnos de cuota cero y con la que llegaríamos a unos 120.000 alumnos. Son servicios que tenemos que seguir acometiendo y que los estamos cubriendo desde Educación pero que son fundamentales.
Respecto a los comedores, ¿mantendrán la iniciativa de su apertura en verano junto con otras acciones en los centros?
Este año nos planteamos hacer una evaluación de cómo se estaban desarrollando. Hemos tenido una primera reunión con la Fecam y hemos detectado que el número de alumnos que solicitan en un principio el comedor, en el último momento se queda en menos de la mitad. Queremos detectar si es efectivamente esta medida está cumpliendo el objetivo o debemos plantearnos cubrilo con otro tipo de medidas más eficaces.
En Formación Profesional tienen puesta la mirada en el País Vasco por sus buenos resultados, ¿es difícil plantear ese modelo teniendo en cuenta las diferencias del tejido empresarial?
Esa es la dificultad. Nos hemos marcado la mejora de la FP desde el inicio de la legislatura como una de las áreas prioritarias de la Consejería, impulsada por el propio presidente del Gobierno que ha estado presente en cada uno de los pasos que hemos dado. Efectivamente, nos separa del País Vasco el modelo productivo porque es mucho más fácil implantar determinadas cuestiones en un modelo industrial que en uno de sector servicios como el nuestro. Lo positivo que nos está transmitiendo el País Vasco está en la posibilidad de que realmente se puede mejorar la FP para que deje de convertirse en una formación de segunda y sea la formación que el alumnado que elige no ir a la universidad estudie como merece. Para eso va a ser fundamental la puesta en marcha del proyecto Enlaza, que además cuenta con ficha financiera y que se está llevando desde las consejerías de Educación y de Empleo. Uno de nuestros retos era unir educación y empleo y el proyecto Enlaza es ese punto de partida, pero cuenta por supuesto con el sector empresarial con el objetivo de que la oferta formativa pueda responder a la demanda que tengan las empresas en Canarias a la hora de contratar personal.
¿Se plantea entonces una reestructuración del mapa de ciclos de FP en Canarias, entonces?
Es otra de las cuestiones que van a la par con el propio proyecto Enlaza. Canarias necesita cambiar el mapa escolar de todas las etapas puesto que hay islas y zonas de crecimiento e islas y zonas donde el alumnado va descendiendo y tenemos que reestructurar las infraestructuras y los centros educativos. En el caso de FP intentamos además la ampliación de los centros integrados de FP con lo que ello supone, para especializarlos. Es un trabajo que estamos haciendo a la par que ponemos el proyecto Enlaza.
El mes pasado se desarrolló en toda España una huelga de deberes auspiciada por las asociaciones de padres, ¿cómo repercutió en las Islas?
Ha generado el debate y las familias en Canarias decidieron también seguir la huelga de los fines de semana. Desde la Consejería hemos planteado que es un debate que se tiene que dar y es un momento oportuno porque ahora se habla de pacto por la educación y toda la comunidad educativa está sentada hablando sobre el sistema y las tareas forman parte de ello. En el Consejo Escolar de Canarias está representada toda la comunidad educativa y va a ser ahí donde pues una vez abierto el debate se analizace.
