El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, y las dos universidades públicas del Archipiélago firmarán hoy el documento que supone el pistoletazo de salida a la elaboración de un marco de financiación para ambos centros al menos hasta 2025. Según explicó ayer la consejera del área, Soledad Monzón, el acuerdo comprende dos fases, una primera hasta 2020 en la que entre otros aspectos el Ejecutivo se compromete a aumentar los fondos a las universidades en función de la variación de las arcas autonómicas; y una segunda en la que las partidas dependerán del cumplimiento de objetivos por parte de los centros de educación superior.
Según indicó Soledad Monzón, este documento sienta las bases sobre las que se regirá "una nueva política de financiación que propicie fondos pero que también promueva mejoras en el sistema educativo universitario, con el fin de alcanzar la excelencia académica" y añadió que el protocolo es el resultado del trabajo de más de un año de una comisión creada al efecto y que se inició con un diagnóstico de la situación del sistema público universitario del Archipiélago.
Monzón admitió que con este acuerdo tanto la la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como la Universidad de La Laguna (ULL) "tendrán una mejora de sus presupuestos que han visto como se han reducido durante los años de crisis económica". Una disminución que según puntualizó el rector de la ULL, Antonio Martinón, se sitúa en torno a los 45 millones de euros menos cada año. "No ha sido ninguna broma porque la restricción del gasto ha afectado a todos los ámbitos de la institución", dijo el rector lagunero.
En ambas direcciones
La rectora accidental de la ULPGC, Trinidad Arcos, señaló que para el centro el haber llegado a un acuerdo en este ámbito supone "un punto y aparte" tras la situación financiera que se ha derivado en los últimos años de la crisis económica.
Trinidad Arcos subrayó que el acuerdo supone comenzar una nueva etapa que permitirá a las universidades trabajar con el mismo nivel de eficiencia porque, añadió, pese a que se ha atravesado "una etapa muy dura" se ha mantenido la calidad de los servicios y la educación, pero ahora además no será necesario planificar "año a año" sino tener "una visión de futuro a largo plazo".
En ese sentido, Martinón entendió que el acuerdo alcanzado con la Administración pública puede resumirse en que "el Gobierno reconoce que el sistema universitario necesita más financiación y que las universidades nos comprometemos a mejorar muchas cosas", aunque el texto que se firmará hoy es solo un protocolo sobre el que trabajar. Según concretó el director general de Universidades, Ciro Gutiérrez, el protocolo "incluye unas líneas generales de acuerdo y ahora comienza el trabajo para desarrollar los indicadores que marcarán la financiación por objetivos".
En concreto, Monzón explicó que el documento supone dos fases diferenciadas. En la primera de ellas, que contempla el período de 2017 a 2020, el Gobierno se compromete a mantener el volumen de fondos destinados a la ULPGC y la ULL así como al aumento según la disponibilidad de los presupuestos "que se fijará con un criterio objetivo, en función de la variación de las cuentas del Gobierno de Canarias o de la propia Consejería de Educación y Universidades".
Este período, además, el Ejecutivo se compromete a la "adecuación permanente de la oferta de estudios, así como al ajuste las plantillas en función de las necesidades del futuro", dijo Monzón quien resaltó que durante estos tres años "por parte de las universidades será necesaria una mejora progresiva y continua de los resultados académicos así como el incremento de la actividad investigadora, apoyando los polos de excelencia y fomentando la transmisión de resultados a la sociedad canaria".
El rector de la ULL recordó que esta fase ya se pondrá en marcha el próximo ejercicio económico, cuando los dos centros de educación superior "recibirán un ligero aumento de algo más de dos millones cada una", una cantidad que según Martinón "está lejos de lo que necesitan las universidades pero más allá del tiempo que tardemos, se trata de fijar un objetivo".
Es en esa línea donde entra en juego la segunda fase del protocolo, un periodo que según Monzón consistirá en una financiación básica de gastos de funcionamiento con el fin de garantizar los recursos necesarios para el normal funcionamiento de la universidades y de una financiación por resultados, que responda al criterio de eficiencia y premie la mejora en la calidad docente, investigadora y de gestión".
