La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) deberá comenzar en 2017 la implantación de un nuevo sistema para controlar el cumplimiento de horas de trabajo por parte de los docentes. Así lo establece la memoria del Consejo Social correspondiente a este año y presentada en su pleno reunido el pasado día 22. Este organismo señala que en 2016 ha "tropezado nuevamente con serios obstáculos para implantar el sistema de control de presencia del profesorado que exige reiteradamente el Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Canarias", pero advierte que "no se pueden discutir ni desobedecer con reiteración desafiante las instrucciones razonadas emanadas de los órganos constitucionales, o estatutarios, de control de toda la administración pública", por lo que exige que en 2017 se marque un calendario dirigido a su puesta en marcha.
El documento del Consejo Social de la ULPGC señala con toda claridad que no hay forma "de controlar a algunos profesores absentistas, algunos con desaparición de larga duración, que son una minoría pero cuyo ejemplo es nefasto", según quejas recibidas de diferentes decanos. Estos comportamientos, señala el documento, tienen "un reflejo económico claro", pero también una repercusión en la calidad, ya que "los alumnos que no reciben las horas de docencia contratadas mediante el pago de tasas por un proyecto docente, tendrán una formación insuficiente o de peor calidad por lo que perfectamente podrían recurrir a los tribunales".
El panorama que trata el Consejo Social es corroborado por los propios alumnos. Soledad Griffone, presidenta del Consejo de Estudiantes, da algunos detalles de esta situación. "Hay muchos profesores que se van a mitad de las clases o no van a las tutorías. Exigimos que se nos den las clases y las tutorías, así que establecer un control nos parece correcto, de la misma forma que se nos controla a nosotros la asistencia a clase pasando lista".
En la actualidad existe un sistema de firmas, que los docentes tienen que satisfacer al inicio de las horas lectivas o de tutoría, pero para Griffone no es eficaz. "Pueden firmar y no dar la clase, o firmar para irse a mitad y no volver". Este último comportamiento es, según la representante de los alumnos, el más común entre estos supuestos: "Dicen 'me tengo que ir' o se van antes y ya está". Este problema, señala, se da más en Ciencias Jurídicas, pero también algo en Arquitectura y en las titulaciones que se imparten el Campus de Humanidades. "Queremos que el método que se proponga sea efectivo y que los profesores sean conscientes de que tenemos que ir a las clases y ellos también", finaliza.
Docentes.
El colectivo docente de la ULPGC matiza la situación denunciada por el Consejo Social. Por un lado, alega que su asistencia a clases y tutorías ya está suficientemente fiscalizada, pero también señala que la actividad investigadora y de gestión debe escapar a estos controles.
María del Pino Palacios, presidenta de la Junta de Personal Docente e Investigador, asegura que "la asistencia a clase y a las tutorías se ha controlado siempre y estamos a favor de que así sea". Pero establece una distinción entre estas actividades y las de investigación y gestión, que a su juicio no deben obedecer a esta fiscalización dada su naturaleza. "Otra cosa muy distinta son las actividades de gestión e investigación, que tienen otro tipo de horarios. A la gente de Ciencias del Mar que sale en un barco no se le puede pedir fichar con una huella. Además, puede darse el caso de que, por ejemplo, venga mala mar y se vean obligados a salir otro día",
A juicio de esta representante de docentes, puede ser peor el remedio que la enfermedad: "No somos funcionarios al uso con horario de 8 a 3, no hay un horario reglado, te pueden llamar para dar charlas o para un comité de expertos. ¿Quieres que me comporte como un funcionario al uso? Pues tienes las de perder, porque vas a tener que pagar horas extras y la ULPGC no va a tener para pagarlas".
Ese camino no es, entiende Palacios, el correcto. "Si pretendemos funcionarizar al profesor de universidad en el sentido peor del funcionario que se limita a cumplir un horario, perderían los alumnos, la institución y la sociedad", afirma.
La representante de los profesores tiene también palabras de censura para el Consejo Social de la ULPGC. "No han entendido lo que es la actividad del profesor universitario. Presentan una dinámica de alguien que está en una institución con una idea de controlarla, no de servirla. Tienen una visión negativa de la institución a la que están sirviendo", finaliza Palacios.
Tirso Ester Sánchez es el presidente del Comité de Empresa, que aglutina a los docentes laborales de la universidad. Defiende el buen funcionamiento del sistema de control vigente, que a su entender es efectivo. "El sistema que hay está bien, se les ha abierto expediente a los profesores absentistas y se toman medidas contra aquellos profesores que incumplen. Se pueden poner otros sistemas, pero el que hay es el oportuno, que abre expediente en caso de incumplimientos". Las detención de conductas irregulares en este sentido y su posterior sanción está, pues, garantizada con los actuales mecanismos, en la opinión de Tirso Ester.
