Alrededor de un centenar de personas en el Archipiélago llevan implantadas una prótesis de cadera defectuosa. Es al menos el cálculo que hace el colectivo de afectados, cuyo abogado Emilio Ortiz lamenta que no exista un registro de implantes en la Comunidad Autónoma a través del cual localizar a los pacientes. Este tipo de dispositivos, distribuidos por varías compañías, han provocado deficiencias en los enfermos, tales como malestar general, dolores localizados, problemas en la piel e incluso amputación de la extremidad, según el letrado, quien añade que "en algunos casos se ha demostrado la relación de los materiales con los que se fabrican con la aparición de tumores".

Ortiz explica que desde el año 2009 se detectaron los primeros problemas de este tipo de prótesis en Estados Unidos y un año más tarde las autoridades europeas empezaron a interesarse por los pacientes con este tipo de dispositivos. "No se entiende cómo en Canarias no exista un alerta sanitaria al respecto", lamentó ayer el abogado quien entendió que "al margen de este protocolo, el Archipiélago debería contar con un registro de implantes". "Este sistema permitiría localizar a los pacientes que llevan una prótesis defectuosa de mejor manera", insistió Emilio Ortiz.

El letrado, que mantuvo ayer un encuentro en Santa Cruz de Tenerife con al menos 40 pacientes afectados por esta circunstancia, admitió que "aunque el lote es defectuoso, no se desencadenan problemas en todos los pacientes" e insistió por ello en la importancia de localizarlos. Ante esta circunstancia, ya son numerosos los casos en todo el territorio nacional que han acabado en los juzgados. Uno de ellos es el de un tinerfeño, Bruno Zerpa, que ganó una sentencia contra Johnson & Johnson por llevar una de estas piezas de metal cuyas consecuencias, ha lamentado el demandante, sufrirá de por vida.

Johnson & Johnson es una de las empresas implicadas en el conflicto de estas prótesis y que afecta también a marcas como Depuy, Biomet, Merete, Cormet y Zimmer, relata el abogado. En cualquier caso, Emilio Ortiz anunció ayer que los pacientes canarios seguirán el ejemplo de Zerpa y emprenderán acciones legales contra las compañías, un proceso judicial que de resultar a favor "una indemnización con cuantías elevadas que están entre los 280.000 y los 900.000 euros".

Javier Hernández es uno de los pacientes que ayer se desplazó hasta la capital tinerfeña para asistir a la charla con Emilio Ortiz. Según explicó, su operación de cadera ser produjo en 2006 en un centro hospitalario del Norte de la Isla y no fue hasta varios años más tarde cuando el implante comenzó a darle problemas. "Noté que algo iba mal y sabía que era la prótesis", resumió el paciente, quien añadió que durante tres años y dos meses vivió su particular calvario.

"No podía ni agacharme a coger a mi hija", recordó Hernández, quien informó de que durante varios años llevó a cabo un periplo por varios médicos hasta que se le incluyó en la lista de espera para intervenirle y retirarle la prótesis defectuosa. "Ahora las consecuencias física van mucho mejor, aunque depende del esfuerzo acabo cojeando", señaló el afectado quien lamentó que "los daños morales siguen ahí, porque es muy duro depender de otra persona o no poder hacer vida normal".