Los pensionistas canarios lamentan que se pretenda repercutir en sus prestaciones lo que consideran una mala gestión de los recursos públicos por parte del Gobierno. El reciente anuncio de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que estudia modificar el copago farmacéutico, ha puesto en alerta a la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, cuyo portavoz Luis Serichol afirmaba ayer que "lo que el Estado no es capaz de recaudar o garantizar ocasiona recortes sociales como el de las pensiones, se rescata con dinero público una tremenda mala gestión". A su juicio, "el Gobierno no pone los medios o recursos para que se recupere lo que se escapa de las arcas públicas".
Serichol no limita su crítica a la medida anunciada por Montserrat, deja muy claro que su colectivo está "en contra de todo tipo de copagos, de gravar las pensiones, la capacidad económica de los pensionistas cuando no estamos precisamente en las mejo-res condiciones".
El portavoz de este colectivo desgrana la compleja situación económica a la que tienen que hacer frente muchos pensionistas en las Islas, convirtiéndose en salvavidas de unas familias que acusan los durísimos embates de la crisis: "Lo que no garantiza el Estado lo garantiza el pensionista, se recurre a la pensión del padre o del abuelo. De hecho, por causa del copago mucha gente está renunciando a su propia medicación para atender esos otros gastos, o no puede cumplir con las dietas que tiene prescritas. Les sale más barato comprar papas o pasta que ternera o pescado blanco".
En otros casos, explica Serichol, no tienen que acudir en ayuda de la economía familiar, pero la prestación que reciben es tan exigua que "sólo tienen dinero para sobrevivir comprando lo más barato. Es la realidad de muchísimos pensionistas canarios, pues más de la mitad cobra por debajo de los 700 euros". Con estas percepciones hay que hacer frente a un día a día que incluye cesta de la compra, transportes y recibos de agua y luz, entre otros gastos. Los últimos años han acusado un importante incremento en alguno de estos capítulos, mientras que la capacidad adquisitiva de los pensionistas se ha ido estancando.
El representante de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias afirma taxativo que "nos llevan recortando ya muchos años" y se retrotrae al tramo final del gobierno de Rodríguez Zapatero para hacer recuento de la pérdida de capacidad adquisitiva que ha sufrido un colectivo que ha visto desacompasarse la evolución de sus percepciones con el aumento del coste de la vida. "Nos congelaron las pensiones de 2011 para 2012, luego el PP no las actualizó de acuerdo con el IPC, hasta llegar a la reforma de 2013, que nos condena a un incremento anual de 0,25%. Así llevamos unos cuantos años, lo que supone para muchos un aumento de sólo un euro y pico en sus pensiones", explica. La previsión es que este mínimo porcentaje siga operativo hasta 2022. Según esa estimación, "se detraerán de las pensiones 33.000 millones de euros, una cantidad muy parecida a lo que la banca va a dejar de pagar".
La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias nació como Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife, pero re- cientemente se constituyó en asociación y adquirió un carácter regional.
