Las estremecedoras imágenes de los refugiados que permanecen ateridos de frío en las islas griegas que los retienen en campamentos, procedentes de conflictos como el sirio, son el más diáfano testimonio de las durísimas condiciones en las que sobreviven estas personas. Siguen a la espera de una solución vital, empantanada entre burocracias y gobiernos que miran a otro lado y no cumplen los compromisos adquiridos. Esteban Beltrán, presidente de Aministía Internacional en España, se muestra muy crítico con el Ejecutivo español, que a día de hoy apenas ha acogido a 900 refugiados de los más de 17.000 que debe asumir antes de septiembre: "No es sólo falta de solidaridad, es falta de cumplir con la legalidad. El Gobierno español se comprometió a recibir a más de 17.000 refugiados, que tienen derecho a entrar en un país y a ser protegidos".
Beltrán no encuentra justificaciones para este comportamiento ante una crisis tan severa y compara a España con lo que han hecho otros países. "En nuestra opinión no hay una razón que merezca tal nombre. Por ejemplo, Alemania en 2015 recibió a un millón de refugiados y en 2016 a medio millón; Francia recibió a 20.000 en un año; Canadá, que está a 12.000 kilómetros de la crisis, ha recibido en un año a más 30.0000 refugiados", explica.
El dirigente de Aministía Internacional desmonta con cifras la argumentaciones esgrimidas por el Gobierno español: "Su argumentación tiene que ver con los trámites burocráticos en Grecia [puerta de entrada de los refugiados, desde donde deberían ser trasladados a países de acogida]. Es verdad que los griegos tienen dificultades, pero 15.000 personas ya están registradas para poder venir a cualquier país europeo. España sigue trayendo cifras muy limitadas. En nuestra opinión no hay ninguna justificación; no sólo es que no está acogiendo, sino que tampoco está reformando el sistema de acogida".
Beltrán se reunió el pasado viernes con el presidente canario, Fernando Clavijo, en la idea de sumar voluntades autonómicas que de alguna forma convenzan al Ejecutivo central de acelerar la acogida de estas personas. "Estamos intentando hablar con el Gobierno central, por eso estuvimos con el presidente canario", asegura, "hay ya nueve parlamentos autonómicos que han pedido al Gobierno español que por un lado acelere la llegada de los refugiados a España y que también reforme el sistema de acogida español, porque lleva a medio plazo a la indigencia de los refugiados".
No sólo existe el apoyo de las administraciones autonómicas, según afirma Beltrán, la opinión pública es favorable a un mayor compromiso de España con el drama de los refugiados: "Es una política que no desea recibir a los refugiados. Por un lado, la opinión pública está a favor. Amnistía Internacional hizo una encuesta en 23 países europeos hace unos meses, y España era el tercer país que quería que el Gobierno aceptara a más refugiados de los que ha aceptado hasta ahora. Por otro lado, existen ofrecimientos de gobiernos autonómicos y ayuntamientos para dar plazas más que suficientes. El número del que estamos hablando, si comparamos con países como Italia, Grecia, Alemania o Francia, son cifras ridículas, no van a tener ningún problema de integración. Nuestra sospecha es que el Gobierno no quiere reubicar refugiados. Tiene la opinión pública a favor y tiene la colaboración de las entidades autonómicas ¿Por qué no convoca la comisión interministerial para coordinar el trabajo con Gobiernos autónomos y ayuntamientos? No se convoca desde septiembre de 2015".
El ofrecimiento de colaboración por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos es importante, pues si bien sólo el Estado español puede conceder los necesarios visados, estas otras administraciones han puesto a su disposición las infraestructuras necesarias para acoger a estas personas. "Hay que tener en cuenta que ahora mismo el Gobierno español tiene bajo su administración con las ONGs sólo 2.500 plazas disponibles, de las cuales la mitad ya han sido ocupadas", especifica Beltrán, "si se cumpliera lo que el Gobierno español se comprometió a cumplir, deberá haber una colaboración con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos. El gobierno canario ofreció 651 plazas en septiembre de 2015 y sin embargo apenas han llegado cuatro personas reubicadas en estos dos años a Canarias".
Responsabilidad
"La responsabilidad es de los gobiernos europeos y de la Comisión Europea. ¿Si Canadá ha podido reasentar desde más lejos, como es que los europeos no pueden? Si necesitan más recursos, que los pongan. En realidad, están intentando que otros países se ocupen de los refugiados. Por eso han llegado a un acuerdo con Turquía y quieren llegar a otros con Afganistán o Libia, No es cuestión de ineficacia, sino de políticas para que los refugiados queden fuera de Europa", añade.
Beltrán censura con dureza el tratado suscrito por la Unión Europea con Turquía el pasado mes de marzo, "Es un tratado ilegal, lo que han hecho los líderes europeos es hacinar a los refugiados en las islas griegas con la intención de enviarlos de nuevo a Turquía. Como hay una fuerte presión internacional de que pueden correr riesgo en Turquía, quedan allí; ni los devuelven a tierras turcas, que no deberían hacerlo, ni tampoco los llevan al continente, donde estarían mejor. Lo que deberían hacer es distribuirse entre los países europeos, entre ellos España. Al hacer eso y mantenerlos en las islas griegas, corren el riesgo de morir de frío".
Ante este estancamiento, Amnistía trata de estimular una respuesta coordinada desde el corazón mismo de las instituciones europeas: "Estamos intentando que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, trabaje con gobiernos de la UE para trasladar a estos refugiados desde las islas griegas al continente, y de allí sean reubicadas en otros países europeos".
Beltrán insiste en residenciar las responsabilidad de la situación en los gobiernos europeos y no en las entidades que están trabajando sobre el terreno en los campamentos. "En general las ONGs han logrado poner al descubierto lo que está ocurriendo con el desbordamiento del Gobierno griego con los refugiados y la falta de cumplimiento del resto de países. No pongamos a las ONGs como chivos expiatorios de algo que es obligación de gestionar de los gobiernos", finaliza el presidente de Amnistía Internacional en España.
