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Empleo

Un problema informático paraliza la tramitación de la ayuda de inserción

El fallo en la aplicación del Gobierno de Canarias que se utiliza para gestionar esta prestación impide presentar nuevas solicitudes o renovar las que están aceptadas

Un problema informático paraliza la tramitación de la ayuda de inserción

La tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) está paralizada desde principios de este año. Un problema en la aplicación del Gobierno de Canarias que se utiliza para tramitar esta ayuda imposibilita la realización de cualquier gestión relacionada con este subsidio destinado a las familias con menos recursos económicos de las Islas.

Así lo confirma Jonathan Regalado, trabajador social del área de la PCI en el Ayuntamiento de Arona, quien manifiesta que desde el pasado 2 de enero "los trabajadores sociales de los ayuntamientos no estamos pudiendo realizar gestiones en la aplicación".

Regalado, que fue durante cuatro años coordinador de la comisión de la PCI del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, asegura que el fallo informático impide realizar "prácticamente el 90% de las gestiones", como la tramitación de nuevas solicitudes, la renovación de estas ayudas o cualquier incidencia que tenga que ser comunicada.

Este trabajador social señala que a la demora habitual de unos cuatro meses en la tramitación de esta ayuda, ahora hay que sumarle el retraso en el tiempo de tramitación de la solicitud por este fallo informático. "Para una familia en situación de pobreza un mes es mucho tiempo", afirma.

Según la información que adelantó ayer la Cadena Ser, la tramitación de nuevas solicitudes son las que se verán más afectadas por este fallo. Regalado señala que los ayuntamientos tienen dos meses para mandar la solicitud al Gobierno canario, por lo que a muchas de las demandas para las que en estos días se cumplía el plazo tendrán dificultades para ser presentadas.

Este trabajador municipal asegura que sus compañeras en el Ayuntamiento de Arona han intentado buscar alternativas para mandar las solicitudes antes de que se cumpliera esta plazo "pero les han dicho que no se puede hacer con un registro normal".

15.000 familias

Aunque Regalado no puede establecer el número total de usuarios que se han visto afectados por la paralización de este sistema de tramitación, sí apunta que las 15.000 familias que en estos momentos cobran la prestación "pueden verse afectadas si tienen que renovarla o comunicar alguna variación de su situación".

De esta manera, los expedientes se amontonan sobre las mesas de los trabajadores sociales municipales a la espera de que la consejería de Políticas Sociales del Gobierno regional solucione el problema. Regalado mantiene que aunque en los ayuntamientos pequeños solo serán una o dos, en las grandes ciudades "caducarán entre 50 y 60 cada día".

Regalado apunta que al principio se pensó que el problema estaba en la configuración de los equipos informáticos municipales, pero asegura que tras las comprobaciones pertinentes todo apunta a que el sistema informático que utiliza el Gobierno canario para estas tramitaciones está obsoleto y "no es compatible con las últimas versiones de las aplicaciones que se requieren para trabajar en él".

Sin embargo, este trabajador social denuncia que esta situación no es nueva y que el colectivo lleva diez años reclamando que se renueve el sistema debido a la gran cantidad de fallos. "Necesitamos que ahora no pongan un nuevo parche, como han hecho con problemas anteriores, sino que se monte un nuevo programa adaptado a las necesidades actuales", señala.

Este trabajador social denuncia que el actual sistema utiliza "un lenguaje desfasado" en el que aparecen términos como "minusválido" "parado" o "madre soltera" y los indicadores de diagnóstico "son de la ley de Servicios Sociales de los años ochenta". Regalado afirma que a pesar de que el Colegio de Trabajadores Sociales ha hecho diferentes informes denunciando los fallos y proponiendo soluciones, la consejería ha hecho caso omiso.

Regalado explica que el perfil de las personas a las que va dirigida esta prestación es aquella que está en riesgo de exclusión social o ya sufre esta situación. Se puede percibir durante un máximo de dos años y en este tiempo los beneficiarios participan en un programa de inserción social para mejorar su empleabilidad. "El 90% no cobra nada, este es su ultimísimo recurso", concreta, por lo que señala la importancia de que se paralice su tramitación durante tanto tiempo.

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