El colectivo de profesorado interino de Canarias presenta una tasa de las más altas de España, cuestión que según el presidente nacional del sindicato ANPE, Nicolás Fernández, "va más allá de lo razonable". Según los cálculos de la organización sindical, alrededor del 30% de los docentes del Archipiélago es interino, "cuando lo recomendable es que se sitúe en torno al 7 u 8%".
Fernández, que participó el pasado fin de semana en el consejo insular de la organización sindical, lamentó esta tendencia puesto que según su argumento "es necesario dar mayor estabilidad a las plantillas del profesorado". Para esta tarea reclamó "el liderazgo del Ministerio de Educación, ya que afecta a una cifra de entre 70.000 y 100.000 profesionales en toda España".
En cualquier caso, el presidente del sindicato defendió que el problema surge también "de la gestión de las diferentes comunidades autónomas". "En el Archipiélago es necesario flexibilizar las oposiciones, haciendo pruebas cada dos años", sentenció antes de admitir que "flexibilizar la situación es una cuestión compleja". Aunque admitió que "en líneas generales, los problemas de las aulas son los mismos que en el resto de España", sí señaló que "en el sistema interfieren las políticas, la gestión y los recursos". Respecto a la cuestión financiera, aludió de nuevo a lo más negativo de Canarias: "En las Islas la inversión en educación es de las más bajas respecto al PIB", lamentó.
Precisamente, esta cuestión es una de las medidas contempladas en la Ley Canaria de Educación No Universitaria. Sobre esta norma, Nicolás Fernández valoró que partiera del consenso y entendió que "lo ideal es que a nivel estatal ocurra lo mismo". "El problema con las leyes educativas hasta ahora es que responden a la imposición del partido que gobierne", denunció el presidente de ANPE, quien consideró que "el pacto no es el objeti- vo, sino un medio para alcanzar una estabilidad normativa, fijando unos mínimos para el sistema".
Convivencia
Nicolás Fernández defendió igualmente la necesidad de iniciar la puesta en marcha de un "verdadero" plan de mejora de la convivencia en las aulas "que vaya más allá de la puesta en marcha de un teléfono". "Cualquier conflicto que se desarrolle en las aulas tiene un principal perjudicado: el derecho a la educación", dijo. Fernández aludió a los casos de acoso escolar que se están desarrollando en los centros durante los últimos tiempos, así como a agresiones a los docentes, situación esta última para la que ANPE desarrolla desde 2005 el servicio del Defensor del Profesor.
