El Gobierno de Canarias puso en marcha hace más diez años un teléfono gratuito para asistir a alumnos que denunciaran algún tipo de acoso escolar. Sin embargo, a lo largo del último año este servicio ha visto incrementado el número de llamadas recibidas en torno a un 34%, lo que "no implica que hayan aumentado las situaciones de acoso", aclara el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería canaria de Educación, Rafael Bailón. "Las llamadas inician el protocolo de actuación, pero no todas las situaciones denunciadas se confirman como acoso", argumenta el responsable educativa.
A su juicio, la subida en el número de las llamadas obedece precisamente a la puesta en marcha del teléfono estatal "puesto que implica más visibilidad del recurso", además de que "durante los últimos casos se han conocido varios casos de acoso escolar". En las cifras no se contabilizan las mismas llamadas, es decir, las recibidas en el teléfono estatal no se acumulan a las realizadas al número canario, pero tal y como explica Bailón, "al final, lo que se hace desde el servicio del Ministerio de Educación es derivarlo a Canarias, con lo que la actividad sí aumenta".
En ese sentido, el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa comenta que la llamada recibida en el teléfono, iniciado en el Archipiélago en 2006, activa los protocolos de actuación, una actividad que tiene como primer objetivo corroborar que efectivamente la situación se corresponde con un problema de acoso escolar, y en su caso se inician los procedimientos de intervención para modificar esa actitud. Al respecto, el responsable aclara que "no todas las situaciones de acoso se producen en el entorno escolar, por lo que no se pueden entender como un conflicto de convivencia en las aulas", en relación a problemas existentes sí con menores escolarizados en un colegio o instituto determinado pero cuyos supuestos agresores o acosadores proceden del entorno social o geográfico.
En este tipos de casos, según señala el director general, "en el centro al final se recaba información o se inician algún tipo de acción, pero no a través de los protocolos propios de la comunidad educativa" Esta distinción es relevante a juicio de Bailón puesto que la intervención conjunta y coordinada eleva las opciones de éxito. En ese sentido, elude basar la actividad de la Administración educativa relacionada con el acoso solo en el teléfono gratuito de atención (800 007 368).
Tal y como defendiera recientemente la propia consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, el responsable de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa alude a que la actividad del Servicio de Prevención y Ayuda Contra el Acoso Escolar va más allá del teléfono. "Parte de las llamadas recibidas son para responder consultas o dudas o para ofrecer información, no siempre se dirigen a este número para denunciar una situación de acoso escolar", incide Bailón quien indica que además, cuando la llamada se produce para alertar de un supuesto caso de acoso, el servicio pone en marcha la estructura para atenderlo.
Tras la recogida de información, que "se establece a través de la Inspección educativa, que convoca al psicólogo del servicio a sendas reuniones tanto con el menor que supuestamente ha sido víctima como con los responsables del centro, tales como el director, el tutor o los profesores responsables de la comisión de convivencia del centro". Con posterioridad, en el caso de que se verifique que la situación denunciada corresponde a un caso de acoso, comienza lo que Rafael Bailón define como "intervención educativa", un proceso cuyo objetivo es "erradicar esa actitud por parte de los responsables siempre partiendo de la mediación".
En ese sentido, el propio psicólogo del servicio afronta reuniones o actividades con el menor que ha sido víctima y otros grupos de iguales "con la intención de negativizar la acción", así como con el estudiante o los alumnos responsables "para que paren la situación". "En aquellos casos en los que no se hace posible, se procede al reglamento disciplinario y se impone la sanción", explica el director general quien aclara que "los cambios de centro educativo, tanto de la víctima como de los acosadores, solo se producen cuando la situación es extremadamente grave, en las que permanecer en el colegio supone un riesgo efectivo para el estudiante".
