"Ahora hay un contexto político ideal, con esa aritmética parlamentaria, porque la sociedad ha decidido que no existan partidos mayoritarios sino un crisol ideológico, y está empezando la legislatura, para que se pongan de acuerdo de una vez en una ley de educación definitiva, que dure al menos quince años", subrayó ayer el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria , ULPGC, Rafael Robaina, en vísperas de la tercera jornada de huelga general del sector educativo desde 2012.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha convocado a paralizar hoy todos los niveles de enseñanza, desde infantil a universitaria, para exigir tanto la reversión de los recortes y el aumento de la inversión como la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), una decisión ya aprobada en el Congreso de los Diputados pero recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. La decena de colectivos de profesores, personal no docente, estudiantes y padres, no obstante, llamaron a toda la sociedad a participar en las protestas en favor del servicio público.
Elegido tras el debate político y protestas sociales sobre la Lomce, el rector de la ULPGC mostró ayer su comprensión con la huelga al argumentar que "siempre que una ley de educación se haga de parte, mantendrá un cierto clima de rechazo". En sintonía con sus declaraciones durante la campaña electoral, Rafael Robaina calificó de "grave" la aprobación de una ley "de espaldas a la comunidad educativa y al sentimiento generalizado de la sociedad".
A su juicio, el texto aprobado por el Ejecutivo estatal, sustentado por entonces en la mayoría absoluta del Partido Popular, "tiene unos claros preceptos básicos de tendencia ideológica y por eso se reaccionó. Parece que cada ministro quiere su ley, que puede ser legítimo, pero no es de recibo que no exista consenso, un pacto nacional por la educación", lamentó el rector grancanario, que ayer publicó resoluciones sobre los servicios esenciales (Registro General, administraciones de edificios, Animalario de Ciencias de la Salud y Edificio de Veterinaria, Servicio de Informática y Comunicaciones, Subdirección de Personal Docente y de Organización y Régimen Interno) y la acreditación de asistencia al centro académico durante la huelga.
La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y el Comité de Huelga acordaron el pasado jueves los servicios mínimos de los restantes niveles de enseñanza, similares a los pactados para la huelga general educativa de 2013. En el ámbito docente, aparte de un cargo directivo en cada unidad de enseñanza, deberá acudir un profesor por cada nueve grupos de alumnos en los institutos de educación secundaria, un maestro por cada seis grupos en los restantes centros (infantil, primaria, escuelas rurales y otras aulas), el 25% de la plantilla en las residencias ordinarias y el 50% en las específicas.
Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte difundieron ayer siete "contraargumentos" contra los motivos de la Plataforma y, fundamentalmente, descartaron la derogación de la Lomce sin otra ley que articule la enseñanza, y que debe surgir de un pacto de Estado en el que ya trabaja una subcomisión en el Congreso.
