El pleno del Consejo Social de la ULPGC aprobó ayer por unanimidad un amplio Plan de Auditoría Interna que se desarrollará hasta 2020, para evaluar todos los servicios del centro a nivel económico, de eficiencia de gestión y calidad. Esta amplia fiscalización extenderá también su diagnóstico al capítulo del absentismo laboral de los trabajadores universitarios, un aspecto que resulta especialmente controvertido.
Este es el tercer plan de auditoría interna con el que cuenta la ULPGC, pero por primera vez este escaneado tiene un carácter totalmente transversal, escudriñando todas y cada una de las prestaciones que despliega el centro universitario, con la idea de obtener un cuadro diagnóstico lo más completo posible. El Servicio de Control Interno, dependiente del Consejo Social, será quien ejecute la auditoría.
Según explican fuentes internas, el documento que recibió ayer luz verde señala específicamente una serie de áreas de riesgo, zonas especialmente sensibles sobre las que la auditoría situará con detenimiento su lupa, como son la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, así como los gastos de personal y tesorería y la aprobación de cuentas anuales.
También se consideran áreas de riesgo los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, la protección de la salud de las personas del entorno universitario, la gestión de recursos humanos y la programación de la docencia. Como consecuencia de este exhaustivo examen, algunos organismos o departamentos serán auditados por primera vez, caso de la Fundación Parque Científico.
Es destacable el capítulo dedicado a la investigación de la seguridad informática de la ULPGC en una época como ésta, que desvela un día sí y otro también las dramáticas consecuencias que puede acarrear la vulnerabilidad de los sistemas que alojan los datos de empresas o instituciones. Se trata de analizar y evaluar los riesgos potenciales a los que está sometida la universida en esta área, examinando el sistema de seguridad en su conjunto.
En el ámbito del personal, la auditoría no se detendrá en la investigación de los niveles de absentismo laboral, también incluye el control de la legalidad en la selección y promoción del personal, así como, la evaluación del control interno en la gestión administrativa de los recursos humanos.
La calidad docente no queda exenta de la investigación promovida por el Consejo Social, pues se prevé la evaluación de los resultados académicos en las distintas titulaciones oficiales ofertadas por la ULPGC.
El cúmulo de todos los datos obtenidos por el examen auditor deberá componer un retrato detallado y transversal del estado actual de la ULPGC: de los servicios que es capaz de ofrecer, de la administración de sus recursos y de la poca o mucha eficiencia en la gestión.
El Consejo Social cree necesario un amplio y detallado examen como éste, en consonancia con unos tiempos en los que la sociedad demanda que se extremen los controles y fiscalizaciones de aquellos organismos o servicios que manejan presupuestos que se nutren del caudal público. Además, en un marco de abierta competitividad de los centros educativos en el entorno europeo, la evaluación de la calidad se convierte igualmente en una exigencia para poder baremar las prestaciones que se ofrecen.
El presidente del Consejo Social de la ULPGC, Ángel Tristán, recalcaba ayer a la salida de la sesión plenaria este último aspecto de homologar el centro grancanario con los que marcan la pauta universitaria en la UE: "Queremos tener unos controles en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como los de las mejores universidades públicas de Europa, estar en este aspecto en la liga de los mejores".
"Aspiramos a que este Plan de Auditoría ayude a definir y supervisar toda la gestión que gira en torno a la estrategia universitaria, y por ello nos hemos planteado varios objetivos que siempre podrán adecuarse a las realidades que vayan surgiendo, lo que favorecerá, además, que las distintas áreas de la Universidad tomen conciencia de que van a ser auditadas", añadió Tristán, para quien cada vez son más las universidades "que han entendido que estos planes de auditoría son un requisito legal que deben cumplir, pero también que es un "ejercicio sano".
