El Gobierno de Mariano Rajoy (PP), en busca de un Pacto Social y Político por la Educación junto al resto de partidos con representación en el Congreso de los Diputados, ha optado por reducir el nivel de exigencia de la ESO: los alumnos podrán lograr el título sin llegar al cinco de nota media y con dos asignaturas -siempre que estas no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas- suspendidas. Así lo establece el nuevo proyecto de Real Decreto, de carácter provisional -a la espera de un acuerdo general en la Cámara Baja- que elimina las reválidas del calendario escolar.
Con la medida, el Ministerio de Educación -con Méndez de Vigo al frente- cumple con el acuerdo de investidura de suprimir el carácter obligatorio de las reválidas y sus efectos académicos. El nuevo texto, con fecha del 29 de marzo, modifica otro anterior -del 16 de marzo- en el que se señalaba que para la obtención del título era necesaria "una calificación final de la etapa igual o superior a cinco puntos y una evaluación, bien positiva en todas las materias, bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas".
Ahora, el documento colgado por el Ministerio de Educación en su web no hace referencia a la nota media de la ESO, pero detalla que "los alumnos que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, obtendrán el título de graduado en ESO".
Respecto a Bachillerato, el alumno, para recibir el título, deberá obtener la calificación positiva de todas las materias de los dos cursos de la etapa y la nota final será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las asignaturas cursadas en Bachillerato, expresada en una escala de cero a diez puntos con dos decimales.
Silencio
Con este proyecto de ley las condiciones para aprobar y obtener las titulaciones de la ESO y Bachillerato se mantienen prácticamente como estaban antes de que la Lomce entrara en vigor y a la espera de que se logre el pacto educativo.
Ante este nuevo giro, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias optó ayer por mantener silencio. "Hasta que tengamos el documento", apuntaron ayer desde el Ejecutivo regional, "no entraremos a valor el texto". Desde el Ministerio de Educación, sin embargo, se asegura que este último proyecto se sometió a debate en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de marzo y se recalca que fue aprobado por unanimidad por las comunidades autónomas.
Otras regiones sí han entrado a comentar y desmenuzar el nuevo Real Decreto del Gobierno de España. "No se puede hacer una evaluación en un momento determinado de la misma manera para todos, así que este giro imprime flexibilidad al sistema y oportunidades para que todo el mundo pueda seguir sus estudios", apuntó Adelaida de la Calle, consejera de Educación de la Junta de Andalucía, en declaraciones recogidas ayer por diferentes agencias de noticias.
Esfuerzo
"Eso no quiere decir", prosiguió De la Calle, "que no estemos de acuerdo con que hay que esforzarse y mejorar y seguir trabajando en que les demos a todos las mismas oportunidades". "El objetivo", agregó, "tiene que ser aumentar las posibilidades y oportunidades para que haya continuidad en los estudios y gente que, en un momento determinado, había tenido dificultad, a través de esta maduración, consiga superarlos".
Genaro Alonso, consejero de Educación del Principado de Asturias, lamentó "las idas y venidas constantes" de la Lomce a lo largo de la última década. "Tantos cambios", prosiguió, "demuestran la necesidad de un gran pacto educativo con vigencia para al menos cinco lustros".
