"Me mandan a la calle con dos hijas a mi cargo por un desahucio forzoso y solo me dan tres días". Rosa Velasco Díaz, una chicharrera de 62 años con dos hijas mellizas de 20 a su cargo, asegura estar "desesperada" y que sería capaz de encadenarse con tal de que no las echen a la calle. A su lado, una hermana y Juan Marichal, miembro de la Plataforma por la Dignidad de Tenerife, intentan ayudarla en busca de una solución.
Unas horas antes, el jueves a eso de las 17:30 horas, dos policías locales de Santa Cruz se presentaron en su casa de la calle Ramón Gil Roldán, en el barrio del Uruguay. Le entregaron un sobre con una orden judicial. Cuando la leyó se quedó estupefacta: tenía solo tres días, es decir, hasta el próximo lunes a las 11:00 para desalojar su casa de forma forzosa, junto a sus hijas, al haber sido declarada la vivienda en estado de ruina.
En el auto, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, el juez accede a la solicitud de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de "ejecutar el desalojo forzoso de la vivienda al suponer esta un peligro para sus tres residentes y los bienes por situación de ruina.
De hecho, para acceder a la cocina hay que sortear los puntales metálicos que refuerzan el salón y son visibles algunas grietas en los muros.
Hay un detalle en el auto que ha indignado a Rosa Velasco y sus hijas y que las va a llevar a solicitar la paralización del desahucio. Fue firmado el pasado día 4 de mayo y da un mes a la mujer para que abandone la casa. Sin embargo, el auto le fue entregado por los agentes locales este jueves, con lo que ha pasado de tener teóricamente un mes para resolver la situación a disponer solo de tres días.
La chicharrera lamenta que la comunicación de ese auto le llegara con tanto retraso y asegura que en la comunicación oficial del desalojo se especifica que ese retraso se produjo en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo.
"Pero es que no tengo a dónde ir y me han dado solo tres días para que me marche. No puedo ser. Nadie puede resolver esto en tres días. No me quedaría tiempo ni para recoger todas las cosas", relata desesperada en la cocina de su casa.
El Ayuntamiento aclara que Rosa "no se va a quedar desamparada". Fuentes oficiales aseguraron este viernes que el mismo alcalde estaba enterado de su situación y que se harán las gestiones oportunas para que no se quede en la calle con sus hijas y pueda disponer de un piso en perfectas condiciones.
La historia viene de atrás, concretamente de hace 15 años. La casa terrera de esta chicharrera en el barrio del Uruguay sufrió especialmente la embestida de la riada del 31 de marzo de 2002. Está justo al lado del barranco de Santos y en una zona con importantes pendientes.
La tromba de agua bajó a toda velocidad y dañó su estructura. Encima, poco después sufrió un incendio producido por unos ´okupas´ que se encontraban en un inmueble vecino y unas obras en las vías aledañas terminaron de rematar la situación, asegura esta vecina.
La propia Rosa pidió asesoramiento a Urbanismo una vez que detectó los problemas y las grietas. La conclusión del servicio de Inspección Municipal aparece en varias informes realizados en los últimos años y es contundente: la casa sufre daños importantes que ponen en peligro la estabilidad de su estructura.
Un informe del 16 de julio de 2014 declara legalmente en ruinas la vivienda y solicita "su completa rehabilitación" o "la demolición". Y hace ahora un año, el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, firmaba una resolución dirigida a Rosa Velasco que exigía lo siguiente: "que mantenga el desalojo de la vivienda en tanto en cuanto no se realice un estudio sobre el estado y las patologías de los forjados que determine su estabilidad estructural, habida cuenta que presenta un peligro para la seguridad de personas y bienes".
Esa orden dio un plazo de 30 días a la propietaria de la casa para encargar el estudio mencionado y tres meses para la realización de los trabajos oportunos de consolidación de la estructura. También en esa resolución de la Gerencia de Urbanismo se advierte a Rosa que de no cumplir estas órdenes, se procederá a la petición judicial de desalojo forzoso.
Ella y sus dos hijas ya se habían ido a un piso social, que les facilitó y subvencionó el Ayuntamiento, muy próximo a su casa terrera, después de una primera orden de desalojo de 2013. Pero terminado este periodo asegura que no le dieron más ayudas y que no tuvo otro remedio que volver al número 1 de la calle Ramón Gil Roldán.
Antes de esa primera orden y gracias a una ayuda de la Plataforma por la Dignidad de Tenerife, Rosa había comenzado a hacer obras en la casa para reforzar la estructura del inmueble. Pero técnicos de Urbanismo se personaron en su casa en una inspección y concluyeron que esas obras no eran suficientes y que tenía que irse por el peligro que corría. Y así tuvo que hacer pero solo durante un año.
La mujer recalca que no tiene medios económicos para afrontar todas esas exigencias: ni para pedir un estudio ni para hacer obras en su casa. Gana 368 euros al mes y sus dos hijas están terminando sus estudios. Sus demandas salen desde la desesperación: "Sólo quiero que me ayuden a arreglar mi casa, porque estamos seguros de que se puede arreglar, y que no me tire a la calle. No tengo a donde ir".
Relata que la Gerencia de Urbanismo le ofreció colaboración para arreglar la casa hace unos cuatro años. "Todavía sigo esperando que me ayuden", comenta. Sí quiere matizar que ya el Ayuntamiento le dio 15.000 euros meses después de la Riada de 2002 pero que ese dinero lo perdió en el incendio posterior, un extremo que la investigación no pudo corroborar.
La Plataforma Antidesahucios y la Plataforma por la Dignidad están ayudando a Rosa para al menos poder suspender la orden de desalojo y ganar tiempo para encontrar una solución que le permita seguir en una vivienda que, además, está a punto de pasar a su propiedad. "Esta casa es mi vida. Solo pido que me ayuden a arreglarla. Los informes dicen que los problemas que tiene se pueden arreglar. Y no tengo a dónde ir", cuenta con la voz entrecortada.
