La Seguridad Social, en contra de un informe realizado por Inspección de Trabajo, ha anulado una deuda de 1,4 millones de euros que reclamaba al complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil por una serie de anomalías en las cotizaciones por un incentivo de productividad de 3.476 trabajadores del centro sanitario. La administración estatal, tras meses de litigio, ha aceptado las alegaciones presentadas por la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
La medida adoptada por la Seguridad Social se levanta después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas, en un decreto firmado por Guillermo García-Panasco, archivara las diligencias abiertas a partir de la investigación de Trabajo. En la resolución, redactada a partir de un caso concreto, se admitía el error en las cotizaciones de los trabajadores del complejo Insular-Materno, pero al mismo tiempo subrayaba los esfuerzos del propio centro para corregir el problema y consideraba que no había indicios de actuación dolosa por parte de la consejería de Sanidad en busca de un ahorro económico.
El paso dado por la Seguridad Social, revelado ayer por Canariasahora, pilló a contrapié a La Casa del Funcionario, asociación que denunció las anomalías. "No entendemos", apuntaban, "la decisión de una administración pública que va en contra de un informe propio y que afecta a la base de cotizaciones de cerca de 3.500 trabajadores del Insular". "Después de este paso", añadieron, "tememos que las dos administraciones públicas actúen en connivencia y la denuncia similar que han presentado los trabajadores del Doctor Negrín quede también archivada en un cajón".
El caso referido por los miembros de La Casa del Funcionario gira alrededor a las actas de liquidación levantadas este mismo verano, tras otra denuncia acompañada por una inspección de Trabajo, que ascienden a 1,5 millones de euros por las mismas anomalías en las cotizaciones de un grupo de trabajadores del Hospital Doctor Negrín.
Frente a la resolución de Trabajo, la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias también ha optado por recurrir a la espera de dar con la misma salida al embrollo: la anulación, por parte de la Seguridad Social, de la deuda.
Cuatro categorías laborales
La demanda que destapó el enredo partió del caso concreto de un trabajador del Materno. Esa reclamación dio paso a una inspección de Trabajo que, tras 13 meses de auditorías, consideró que el Materno Infantil cotizó de forma inadecuada el incentivo por productividad variable de casi 3.500 empleados. En 2012 y 2013, el periodo a examen, el centro abonó el plus -un premio pactado por alcanzar unos objetivos determinados con la gerencia- de una sola vez en marzo y lo cotizó íntegramente en esa nómina. Esa fórmula de pago provocó que el importe total del bonus se incluyera en la base de cotización de ese mes.
El problema, según denunció -y corroboró posteriormente la Inspección de Trabajo-, se generó porque el incentivo de productividad variable de 2012 y 2013 se debió prorratear en las bases de cotización de cada trabajador durante los 12 meses del año natural, no en una sola nómina.
Con esa conclusión en la mano, el subinspector de empleo que firmó el informe estableció cuatro actas de liquidación, una por cada categoría laboral dentro del centro: la primera, que afecta a 1.670 empleados temporales, por un importe de 793.981,91 euros; la segunda, que incumbe a 1.702 trabajadores del Servicio Canario de Salud, por valor de 646.137,65 euros; la tercera, que influye en 62 profesionales procedentes del Insalud, por un coste de 20.667,02 euros; y la cuarta, correspondiente a 42 trabajadores de actividades hospitalarias, por importe de 15.324,90 euros. En total, 3.476 empleados y 1.476.111,48 euros.
La consejería de Sanidad empezó a corregir esta anomalía en 2015, tras implantar un programa informático para controlar y centralizar el pago de las nóminas. A partir de ese paso y con el decreto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas en la mano, la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas optó por anular la deuda y archivar el caso.
