"No me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando", estas son las palabras de Juana Rivas, la madre granadina que se niega a que sus hijos se vayan a Italia con su exmarido, Francesco Arcuri, condenado por un delito de violencia de género. Tras 28 días en paradero desconocido, Rivas compareció ayer ante el juez de instrucción en Granada.

La granadina asegura que durante el tiempo que ella y sus hijos estuvieron "escondidos" permanecieron en una zona rural de la provincia andaluza. La asesora legal de la granadina, Francisca Granados declara que la intención de Juana Rivas, tras entregarse a la justicia, es ser escuchada y confía en que el sistema español "proteja a la madre y, sobre todo, a los niños". Granados asegura que la madre de Maracena tiene un "gran encargo" de su hijo mayor, de once años, que quiere "ser escuchado". "Juana no es una prófuga y no va a huir de la justicia", afirma rotundamente.

A poco más de las once de la mañana de ayer, Rivas llegaba a los juzgados en un coche policial, acompañada por su abogada, su asesora legal y su hermana. En el exterior, aproximadamente un centenar de personas, realizaron una concentración de apoyo a la granadina, promovida por la plataforma en su defensa creada a través de las redes sociales bajo el lema "Todas somos Juana".

La Fiscalía solicitó prisión preventiva sin fianza después de que Rivas eludiese en reiteradas ocasiones las órdenes judiciales y huyera antes de la entrega de sus hijos a Arcuri, además la de Maracena se ha negado a responder a las preguntas del fiscal. Posteriormente fue decretada bajo libertad provisional sin cargos por el juez.

A su salida la granadina se mostró muy optimista. "He encontrado", señaló, "un juez humano, un ser humano que me ha escuchado porque de verdad quería escuchar lo que estaba pasando".

Ha pasado casi un mes en paradero desconocido, y la madre de Granada ha eludido las órdenes judiciales en diversas ocasiones; la última, el lunes, momento en el que la jueza ordenó la retirada de los pasaportes de los menores y también la prohibición de su salida del territorio Schengen, integrado por 26 países europeos entre los que se encuentra Italia, sin la autorización del padre o sin permiso judicial. Esta medida había sido solicitada por la Fiscalía y fue adoptada el lunes, una vez oídas las defensas de las dos partes, "como nueva medida de protección de los dos menores hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri", según fuentes judiciales.

La historia de esta madre de Maracena se remonta al año 2009, cuando Juana Rivas interpuso una denuncia por violencia de género contra el que en aquel entonces era su marido, Francesco Arcuri, que recibió una condena de tres meses de prisión. Tras este episodio ambos retomaron su relación y se trasladaron a Italia. El pasado año la granadina huyó de la residencia familiar, volviendo a España junto a sus dos hijos, de 3 y 11 años, e interpuso una denuncia por violencia de género contra el italiano, que según Francisca Granados fue ampliada el pasado viernes por Rivas. La justicia española considera que el tema debe ser tratado por la justicia italiana, debido a que era el lugar en el que sucedieron los hechos, y deben ser los encargados de resolver el tema de la patria potestad de los menores. Sin embargo, el proceso aún no ha llegado a los tribunales italianos por lo que la granadina debe entregar a sus hijos.

Voz a los niños

La Junta de Andalucía, a través de la consejería de Igualdad y Políticas Sociales, reiteró ayer su apoyo a Juana Rivas y ve "positiva" la resolución judicial que establece su libertad provisional. Asimismo, considera fundamental dar voz a los menores. El Gobierno andaluz mantiene el máximo respeto al proceso y a las decisiones judiciales, recordando no obstante que el ordenamiento jurídico contempla que toda decisión e interpretación judicial vele por la protección de las víctimas especialmente si son menores.

La consejería de Igualdad y Políticas Sociales manifiesta la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias y elaborar un protocolo específico en los casos que concurra una situación de violencia de género, adaptado a los principios y normas que establece el sistema jurídico en esta materia. Según defiende este departamento, el caso de Juana Rivas responde claramente a situaciones de violencia de género, con condena judicial firme, tras la cual víctima y agresor volvieron a caer en la dependencia emocional, repitiéndose así el ciclo de violencia machista, que sufren de manera directa los menores.