Alrededor de 300 menores de edad aguardan a que el Gobierno de Canarias culmine el trámite de acogida en la familia con la que ya residen, desde abuelos o tíos a personas sin parentesco que actúan como actuales guardadores del niño pero no poseen la capacidad legal para ejercer todos sus derechos. La estimación se basa en los datos recabados durante este año entre sus miembros por la Asociación de Familias Acogentes de Canarias (Asfaca), aunque representantes sindicales en la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo autonómico apuntan a una cifra superior de menores en el limbo jurídico.
Además, el presidente de Asfaca, Francisco Oliva, calcula que entre 60 y 70 niños esperan por una declaración de desamparo, paso previo a la tramitación del acogimiento en familia extensa (propia) o ajena. "Algunos aguardan por el desamparo desde 2015", lamenta Oliva sobre las demoras de los expedientes detectadas en la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.
Por tanto, las dificultades de la tía materna y guardadora de hecho para trasladar de colegio a Malena, nombre ficticio de una niña grancanaria que apenas sabe leer y escribir con siete años, no reflejan un caso aislado, sino que evidencian un "problema sangrante" en Protección a la Infancia, según Francisco Oliva. A la espera de su declaración en desamparo, propuesta por los asistentes sociales capitalinos a mitad de agosto, la niña no pudo comenzar el curso escolar hasta que la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas medió a finales de la pasada semana ante el Gobierno en favor del cambio de centro solicitado por la guardadora de hecho.
En opinión del responsable de Asfaca, "la estructura [de Protección a la Infancia] existía y funcionaba hasta 2013, pero la desmantelaron totalmente, más que por culpa de la crisis económica, por falta de interés político". A mediados de agosto, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ya denunció el "atasco" de múltiples expedientes en la dirección general liderada por Carmen Morales, un colapso también admitido por los propios responsables del área.
En un documento certificado del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores, fechado a finales del pasado mayo, la responsable del departamento informó a una familia de acogida que "la resolución de formalización del acogimiento aún no ha sido dictada debido a la acumulación de tareas". Según Francisco Oliva, desde Protección a la Infancia se solicita "paciencia" a las familias de acogida, pero los hogares de cobijo agotan su tolerancia con el retraso administrativo.
Además del Sepca, el sindicato Comisiones de Base (Cobas) también alerta de la insuficiencia de personal directivo, técnico y administrativo para tramitar todas las funciones encomendadas a Protección a la Infancia y la Familia. "En Canarias, sobre todo en la provincia de Las Palmas, las leyes no vienen acompañadas de los recursos humanos y materiales necesarios y por ello existe una lista de espera de niños desprotegidos", denuncian las mismas fuentes sindicales antes de destacar el "inasumible" ratio de hasta 150 menores por trabajador en la demarcación oriental.
Pese a la anunciada prioridad de menores y familias durante la crisis económica, según Cobas, los últimos presupuestos autonómicos no cubren los puestos vacantes, las jubilaciones, bajas o traslados. "Desde que se creó esta dirección general, nunca ha habido un aumento de plantilla, a pesar de saberse que es claramente insuficiente", sentencian desde la organización sindical.
Tras advertir retrasos de hasta tres años en las declaraciones de desamparo, frente al plazo máximo de seis meses de la normativa vigente, Cobas concluye: "Los trabajadores solo pueden estar apagando fuegos y esta forma de trabajar es deshumanizante".
