El director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo, Alberto García Sanz, ha indicado la necesidad de que se cree una Dirección General de Seguridad Acuática en España, similar a la de Tráfico, que garantice la constitución de un cuerpo de socorristas con los mismos parámetros de calidad en su formación. Así lo afirmó el especialista en el I Congreso de Seguridad y Prevención en el Litoral de Canarias que reúne a más de 250 participantes en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), bajo la organización de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno Autónomo.
"La regulación nacional de Salvamento y Socorrismo es caótica en cuanto a la formación. Somos 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, y cada una tiene una regulación diferente, de forma que tenemos cursos de socorristas de 500 horas frente a otros online de 30 en los que el alumno ni aparece".
García Sanz apuntó que dicha situación lleva a que, en función de donde se realice la formación, en Canarias, Castilla y León o en Cataluña, la persona puede o no ir a trabajar a otra comunidad, atendiendo a los requisitos o la regulación de la citada normativa. "Esto no tiene sentido. En Canarias, por ejemplo con 30 horas se puede trabajar, en Galicia tienes que tener un certificado de profesionalidad o un título que supone entre 400 y 600 horas. Estos son los extremos, pero tiene que haber un término medio y habrá que poner un parámetro a nivel nacional donde la formación de socorrista sea común y homogénea, y cualquier español pueda ir a desempeñar su trabajo de socorrista a cualquier ciudad y localidad de toda España", subrayó.
La disparidad en la formación desemboca en un escenario donde el diploma de socorrista vale para personal bien formado y para los que tienen una escasa capacitación. "El problema es que en una playa, o una instalación acuática, cuando se produce una negligencia por parte de un usuario o un accidente, el socorrista tiene que actuar porque es su responsabilidad, y para ello tiene que haber realizado una serie de ejercicios de soporte vital básico, y tener una condición física apropiada que se ajuste a esa profesión".
Por este motivo, García Sanz avanzó que, en función de la regulación, hay regiones que tienen más problemas que otras para cubrir las necesidades del sector. "Las comunidades donde la regulación es muy exigente, no son capaces de dar cobertura a las necesidades del sector, como es el caso de Galicia y empieza a pasar en Cataluña; y después hay otras que no tienen tantos problemas porque la exigencia de requisitos es muy liviana, en detrimento de la seguridad de los usuarios".
El director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo añadió que a los problemas en la formación, se le suma los bajos salarios del personal de esta profesión de riesgo. "Lo que nosotros proponemos, y para ello habría que sentarse en la mesa con agentes sociales y políticos, es crear una Dirección General de Seguridad Acuática, exactamente igual que hay una Dirección General de Tráfico con el fin de que realice un examen a nivel nacional, y que todos los socorristas, independientemente de con quien se formen, o de las prácticas que hayan podido hacer o de las horas de teoría, pasen por un examen común y tengan un carnet a nivel nacional para acceder y desempeñar la profesión. Un cuerpo de socorristas sería lo mejor para que todo el mundo pase por un mismo filtro".
Dicha propuesta fue expuesta ayer en el marco del I Congreso de Seguridad y Prevención en el litoral de Canarias, cuyo lema es Claves para unas costas más seguras, objetivo de esta iniciativa según apuntó la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, en el acto de inauguración, en el que estuvo acompañada por el vicerrector de Coordinación y Proyectos Institucionales de la ULPGC, José Miguel Doña, la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, y la directora general de Seguridad y Emergencias, Nazaret Díaz.
"Somos un territorio insular, que recibe a millones de turistas cada año, además del turismo interior y está claro que la prevención y seguridad en nuestro litoral, en nuestras playas, deben ser prioritarios para nosotros", subrayó la consejera.
En este marco, Barreto incidió en la importancia de crear un equipo multidisciplinar "con la participación activa de los profesionales de seguridad y emergencias y buscar también la colaboración de entidades autonómicas, municipales, nacionales, universitarias, profesionales y empresariales, para trabajar juntos y conseguir mejorar la seguridad en nuestras costas".
Por su parte, la directora general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias recalcó la importancia de reunir a través del Congreso a profesionales y expertos de Salvamento y Socorrismo que puedan enriquecer el Decreto que prepara el Gobierno de Canarias en materia de seguridad en playas y zonas de baño. "Es importante conocer incluso experiencia de otras comunidades autónomas como Baleares que han reducido el número de ahogamientos con un decreto con similares características al que está preparando el Gobierno", subrayó.
Nazaret Díaz cifró en 58 el número de muertos por ahogamiento en lo que va de año, cifra que sitúa a Canarias como la tercera comunidad autónoma, detrás de Andalucía y Galicia, "unos datos que hay que mejorar", apuntó, "y ese es el objetivo que persigue el decreto que estamos preparando".
Ayudas
Un documento que incluye ayudas económicas a los ayuntamientos, previstas de cara a los presupuestos autonómicos de 2018, para incrementar las medidas de seguridad. Otra de las novedades es un catálogo de playas, "porque es muy importante conocer todos los rincones de nuestras islas, catalogar las zonas de baño, saber las características y en función de las mismas establecer un nivel de protección bajo, medio o alto, para así establecer las medidas de seguridad que tienen que adoptar. Eso nos va a permitir homogeneizar las medidas de seguridad, de forma que las playas con las misma características van a tener las mismas medidas".
También se contempla la profesionalización de la figura del socorrista, "se va a pedir titulación"; y la exigencia de una memoria anual "para que no exista baile de números, sino tener unos datos oficiales de ahogamientos en nuestra comunidad autónoma. El nuevo decreto está basado en la actual Orden estatal del 72, pero con medidas reforzadas y mejoradas para llegar al objetivo de reducir las cifras de ahogamientos", concluyó.
