La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha convocado el procedimiento de acreditación en mediación escolar de nivel básico para el curso 2017-2018, informaron este martes desde el Ejecutivo autonómico.

El objetivo es preparar al profesorado participante para que pueda identificar, analizar y valorar la convivencia y los conflictos, desde los principios integrados en la cultura de la paz, y desempeñar la función de mediador o mediadora con eficacia y efectividad en el contexto escolar, impulsando así la creación de servicios de mediación en los centros educativos, añadieron desde Educación.

Con el fin de formar y acreditar a los docentes como mediadores escolares, se han establecido dos modalidades de acceso para este procedimiento. En la primera de las modalidades, la persona candidata ha de ser propuesta por su centro educativo, debiendo superar el programa formativo y la evaluación positiva de su desempeño.

Así, el número de plazas previstas para esta modalidad se ha multiplicado por cinco respecto a las 100 del curso anterior, por lo que se ofertan ahora 500 vacantes. De estas, 400 se reservarán con prioridad para centros de carácter público y, por primera vez, se destinarán 100 plazas para centros de carácter privado-concertado, concretaron desde el área dirigida por Soledad Monzón.

Asimismo, para la segunda modalidad de acceso a la acreditación, la persona candidata ha de cumplir con una serie de requisitos establecidos, de manera que su formación y preparación previa supla el programa formativo y justifique el acceso directo a la evaluación del nivel básico de mediación que también deberá superar. En este caso, no se ha establecido un límite en el número de plazas.

La convocatoria de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa está dirigida a profesorado funcionario de carrera, o profesorado integrante de las listas de empleo adjudicados en los procesos ordinarios de nombramiento y con efectividad hasta el día 31 de agosto del presente curso escolar, así como a los docentes de centros sostenidos con fondos públicos, todos ellos, estando en situación de servicio activo durante todo el curso 2017-2018.

Esta medida, tal y como subraya el director general del Área, Jonathan Martín Fumero, "se enmarca en la línea de trabajo que está desarrollando la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, basada en el fomento de una convivencia positiva, en la que el enfoque de los conflictos que se generen en el centro se orienta desde el diálogo o la mediación".

Se trata, explica, "de un modelo que pasa también por revisar y actualizar los protocolos que se emplean en los centros y por la extensión a toda la sociedad de la atención a los conflictos entre los menores, que hoy en día trascienden en muchas ocasiones del ámbito escolar".

Para poder lograrlo, se está llevando a cabo un modelo participativo para la redacción de un Plan Integral contra la Violencia Infanto-Juvenil, en el que se pretende involucrar a todos los agentes implicados, tales como otras administraciones públicas, organismos, fuerzas de seguridad, AMPAS, colegios profesionales, etcétera. Además, este plan incluirá la creación del Observatorio de la Convivencia que sirva para dar un mayor soporte a las decisiones que se adopten.