La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha afirmado hoy que 8.349 personas han pedido entre enero y octubre de este año que se reconozca su discapacidad, y para agilizar los plazos se necesitaría un equipo de evaluación completo más en cada provincia.
Valido respondió de esta manera en comisión parlamentaria a la diputada del grupo Popular Josefa Luzardo, quien aseguró que no le cuadran los datos proporcionados por la consejera ya que, argumentó, en octubre se le contestó por escrito a una pregunta sobre este asunto que había 21.000 personas pendientes de este trámite.
"O está mal lo que han dicho hoy o lo que me contestaron por escrito hace un mes", recriminó la parlamentaria del PP, a quien le gustaría saber cuándo va a cumplir el Gobierno de Canarias el plazo de tres meses para la resolución de dicho trámite que estipula la ley "o se va a tener que recurrir a los juzgados como hacen los dependientes".
La consejera respondió que los datos facilitados hoy corresponden a los primeros diez meses del año y puede que haya un desfase respecto a cifras dadas anteriormente, y que pueden incluir expedientes pendientes desde 2016.
En todo caso se están tratando de aclarar cifras "que arrastramos desde años anteriores" pero, añadió, hay una situación de carencia de personal y a pesar de ello se está haciendo un esfuerzo importante y mejorando el promedio.
En concreto y en lo que se refiere a este año hay una media mensual de 834 solicitudes de reconocimiento de discapacidad, mientras que a 8.502 ya se les ha otorgado, y se tramitan unos 850 expedientes al mes.
Por islas no hay la misma demora para resolver una solicitud de este tipo y el tiempo máximo se registra en La Palma, con 21 meses; seguida de Gran Canaria y Tenerife, ambas con 13 meses, La Gomera, 9, El Hierro con ocho, Lanzarote con siete y Fuerteventura con seis.
Detalló la consejera que hay que seis equipos de valoración y orientación en Las Palmas, a los que recientemente se ha incorporado un médico, que periódicamente se desplazan a Lanzarote y Fuerteventura, islas en las que "no hay personal suficiente".
En Santa Cruz de Tenerife hay cinco equipos de valoración, aunque en el caso de La Palma se ha llegado a un acuerdo con el Cabildo para que técnicos de esta institución hagan los informes médicos, psicológicos y sociales.
Se necesitaría un equipo de valoración completo más en cada provincia pero para lograrlo hay muchas dificultades, porque "hasta nos cuesta sustituir hasta las bajas", dijo Cristina Valido, quien señaló que se trata de personal de alta cualificación profesional y la Consejería tiene "una pelea permanente" para que haya nuevas incorporaciones en ambas provincias.
Indicó que se da prioridad a los casos urgentes para que se tramiten en el plazo de tres meses, como ocurre con solicitudes de menores o de personas con corta esperanza de vida.
También hay expedientes cuya tramitación se alarga porque se requiere la subsanación de documentación y hay un gran volumen de peticiones de revisión del grado de discapacidad para pedir una tarjeta de aparcamiento porque al solicitante se les ha denegado con anterioridad y quieren un nuevo reconocimiento.
Al respecto la consejera dijo que hay una "amplísima" demanda de solicitudes de este tipo de tarjetas y cuando el grado de discapacidad no es suficiente para su concesión el solicitante vuelve a intentarlo cada cierto tiempo, lo que "atasca bastante el funcionamiento" administrativo.
Otros expedientes están paralizados por causas no imputables a la Dirección General de Atención a la Discapacidad, sino a la falta de informes o datos solicitados al usuario y que a veces conllevan demoras de más de un año.
Reiteró Cristina Valido que las solicitudes no tienen los mismos tiempos de espera porque se da prioridad a las situaciones más urgentes para que haya una respuesta "más rápida" por parte de la Administración para atender a las necesidades del solicitante.
