El Gobierno de Canarias ya tiene preparado el borrador de la Ley de Atención Temprana, una normativa ampliamente demandada por parte de los colectivos implicados, especialmente en defensa de las personas con discapacidad. Precisamente, los representantes de este sector ya disponen del borrador del documento y en los próximos días celebrarán una reunión en la que recoger propuestas respecto a la futura ley, así como las dudas que les plantea el articulado aportado por el Ejecutivo canario.
La idea del colectivo, en el que se incluyen diversas asociaciones y plataformas representativas de personas con discapacidad o enfermedad mental, es que sus reclamaciones se tomen en consideración en la futura Ley de Atención Temprana de Canarias, una norma que, tal y como han expresado con anterioridad, llega con retraso a las Islas.
De hecho, el borrador que maneja la Administración pública incorpora no solo la legalidad vigente en otros territorios sino que admite la "necesidad de solucionar las dificultades de la atención temprana en Canarias", una situación que según el documento "afecta a miles de menores en las Islas". Al respecto, define como objetivo de la norma "establecer una regulación que permita delimitar las competencias y las responsabilidades en materia de Atención Temprana, encaminada hacia una atención integral a los menores de cero a seis años, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, con Trastornos del Desarrollo o en riesgo de padecerlos y sus familias".
En ese contexto, entiende que la actuaciones que se implementen, aunque deben tener carácter "integral", compete sobre todo a las áreas de Educación, Sanidad y Políticas Sociales, departamentos del Gobierno autonómico en los que se basarán las actuaciones que deriven de la norma en caso de aprobarse, "siendo imprescindible la colaboración y coordinación entre ellos".
Así, el texto fija tres modalidades de intervención: directa, a través de la participación activa del profesional, sociofamiliar y en proceso de escolarización, para ofrecer "al menor y su familia las medidas de apoyo necesarias en el proceso de incorporación al ámbito escolar".
En cuanto a las acciones a desarrollar, el borrador destaca como "relevante" tanto el seguimiento como el tratamiento. Así, fija como principales recursos las unidades de seguimiento y neurodesarrollo (ubicadas en Pediatría de los hospitales públicos y en las que se atenderá al menor hasta los siete años) y los centros de atención e Intervención temprana, previstos para llevar a cabo el tratamiento, de acuerdo con el Plan Individualizado de Atención Temprana previsto para el menor. Estos centros contarán con personal propio.
