Una cruel paradoja. Una empleada de la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico, encargada durante casi diez años de la tramitación de las manifestaciones anticipadas de voluntad en la provincia de Las Palmas, falleció sin que el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín respetara su documento de instrucciones previas sanitarias o testamento vital, según las acusaciones de su familia, adelantadas ayer por la Cadena Ser en Madrid.
"Deseo que en caso de enfermedad incurable o irreversible se me proporcionen los tratamientos necesarios para paliar al máximo el dolor, el sufrimiento o la angustia extrema, aunque eso pueda acortar mi expectativa de vida" y "no se me apliquen tratamientos que no estén dirigidos específicamente a curar o aliviar mi dolor o sufrimiento", firmó Marcela Padrón, fallecida a mitad del pasado marzo con 63 años, según consta desde junio de 2013 en el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, la funcionaria de Sanidad, ingresada por un linfoma en el Negrín, no recibió sedación durante cuatro días, denunció su hijo, Aridani González, periodista de Mediaset (Telecinco y Cuatro) en Canarias.
El director médico del Hospital Doctor Negrín, Daniel Ceballos, replicó, "con total rotundidad, que las declaraciones vertidas por los familiares no se corresponden en absoluto con la realidad de los hechos". Aunque la protección de datos y el secreto profesional impiden revelar detalles del caso para no incurrir en faltas legales y deontológicas, en una entrevista con Ser Las Palmas, el doctor Ceballos subrayó que el centro sanitario de referencia para el norte grancanario siempre cumple tanto con los deseos de los enfermos orientados y conscientes como con las instrucciones de las manifestaciones anticipadas de voluntad.
"El protocolo general habilita a activar el manifiesto en las condiciones que marca la ley para su ejecución, es un aspecto importante, no se aplica siempre, solo en los supuestos de condiciones irreversibles, incurables y con un paciente que no puede manifiestar de manera consciente su deseo o voluntad"., añadió, en declaraciones a la Cadena Ser, el director médico del Doctor Negrín. Tras recordar que el hospital grancanario se considera un centro puntero de España en el área de cuidados paliativos, Daniel Ceballos concluyó que los pacientes "pueden estar tranquilos" sobre el respeto de sus testamentos vitales, según la agencia Efe.
No obstante, la familia González Padrón entiende que el centro del Servicio Canario de la Salud no solo incumplió la manifestación anticipada de voluntad de la paciente, sino que además "sufrió ensañamiento en el departamento de reanimación debido a una interpretación torticera" del documento. Tras comenzar el tratamiento de quimioterapia contra el linfoma a principios de enero, Marcela Padrón acudió por diversas complicaciones al servicio urgencias, donde permaneció nueve horas hasta su ingreso hospitalario.
Problema etimológico
De acuerdo al relato del hijo, un fallo multiorgánico junto a una sepsis obligó a su traslado al área de medicina intensiva, aunque se ubicó en reanimación y despertar por falta de camas.
"En la primera visita, la médica de guardia con las voluntades anticipadas en la mano nos dice que allí ese documento no se va a aplicar y, al día siguiente, que existe un problema de etimología porque tiene las palabras 'curable', 'incurable', 'reversible', 'irreversible', pero desde el departamento de hematología habían catalogado la enfermedad de 'tratable', con una probabilidad de curación del 50 al 60%", detalló Aridani González tras destacar que su "desconocimiento médico" impide calificar la situación como "negligencia", aunque el "sentido común y el conocimiento personal" de su progenitora indica que "como mínimo" se debe mejorar la redacción del texto o la formación de los profesionales. "Durante cuatro días, mi madre estuvo amarrrada a la cama, sin sedantes ni casi calmantes porque, según la interpretación de la responsable del departamento, reducirían la tensión cardíaca y podrían provocar su muerte o intubación, algo que sí entendía no le permitía realizar el documento", argumentó el familiar antes de subrayar el "dolor extremo" sufrido entonces por la empleada pública autonómica.
En tratamiento de diálisis, Marcela Padrón padeció necrosis a causa de la concentración de la sangre en el torso y la pérdida de riego en las extremidades por la medicación con noradrenalina, según las mismas fuentes, "por lo que se valoraban posibles amputaciones para un futuro". Sin embargo, "aun solicitando la aplicación del documento, nos decían que les diéramos tiempo, que si queríamos la sedaban, pero que era arrebatarle la oportunidad de vivir, sin tener en cuenta que tal decisión es contraria al propio documento y a su forma de aplicación porque, entre otras razones, ella lo firmo para que sus hijos nunca nos viéramos en tesitura de tener que tomar tal decisión", alegó Aridani González, que solicitó la participación del Comité Ético Asistencial sin éxito porque los profesionales sanitarios tildaron el órgano de "herramienta absurda, ridícula y sin utilidad".
"Afortunadamente, el día 15 de marzo, a las 19:00 horas y ya sin la presencia de esta responsable, la médico de guardia decidió su sedación aprovechando un mínimo empeoramiento". Por suerte también, otra cruel paradoja, una evaluación errónea, a causa del retraso en los resultados de una prueba, desahució a Marcela Padrón a principios de diciembre con un diagnóstico de colangiocarcinoma en grado cuatro y metástasis, por lo que la paciente disfrutó entonces de la aplicación de las voluntades anticipadas durante varias semanas en la unidad de cuidados paliativos.
A juicio de Aridani González, "vivimos la cara amable del documento, cuando su aplicación es de fácil cumplimiento, así que recuerdo esos días con mucho cariño porque hablamos con naturalidad de la muerte con ella, que arregló sus asuntos terrenales, y acompañábamos en su sueño previo". La familia González Padrón ya inició las reclamaciones administrativas e, incluso, se reunió con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, pero todavía aguarda por un encuentro con los responsables del Hospital Doctor Negrín.
Aunque no descartaron recurrir a la vía judicial, los parientes de Marcela Padrón negaron buscar una compensación económica, tan solo respetar y continuar su labor profesional y personal en favor de la manifestación anticipada de voluntades: "Creía en el documento como una herramienta digna para que la población pudiera procurarse una muerte digna".
