Los dos socios de Gobierno han alcanzado un acuerdo para la inclusión de las bajas menstruales en la reforma de ley del aborto y que estas no supongan gasto para el empresario, sino que las pague el Estado desde el primer día, según han informado fuentes del Ministerio de Igualdad y ha confirmado la ministra Irene Montero en las redes sociales.

La baja se establecerá como una incapacidad temporal especial de contingencias comunes, lo que significa que tiene que ser prescrita por un médico, como cualquier otra incapacidad temporal. En la actualidad se otorgan unas 6.000 por motivos ginecológicos, que pueden ser motivadas por una infección, un mioma, un pólipo, etc.

Y el anteproyecto de ley, no establecerá un número de días máximos. En la propuesta inicial del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, se hablaba de tres días, ampliable a cinco, pero finalmente se ha acordado que se ajustará a lo que la mujer necesite y lo que indique el médico, según las citadas fuentes.