La confesión de los narcos propició la captura del ´avión de la coca´

M. REYES - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Las detenciones practicadas en Gran Canaria han sido fundamentales para procesar a la organización de presuntos narcotraficantes colombianos que trató de introducir en España 600 kilos de cocaína. La droga fue aprehendida a bordo de un avión de EE UU que aterrizó el pasado junio en la Base Aérea de Gando, según el auto de procesamiento dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que dirigió la operación desde Madrid en colaboración con la Agencia Antidroga estadounidense (DEA). En total están imputados en la causa 22 narcos, la mayoría de ellos de origen sudamericano, tal como adelantó ayer LA PROVINCIA/DLP.

Al menos tres de esos acusados residían en Gran Canaria cuando fueron detenidos el pasado 14 de junio, después de que un agente encubierto de la DEA contactara con uno de ellos para formalizar la entrega de la mercancía. La captura de Jorge B. G. se produjo cuando éste entregó 20.000 euros al policía. Su ayudante en la Isla, José Miguel A. S., corrió la misma suerte. Ambos ocupaban cargos menores en la red delictiva, pues sus funciones eran recibir la droga y esconderla para luego enviarla a la Península. Mientras que el tercer integrante de la conexión canaria, Euder T. C., se encargaba de enviar a Colombia remesas de dinero a través de locutorios.

Así obra en el sumario judicial, hasta el punto de que el juez instructor se basa en las declaraciones de Jorge B. G. y José Miguel A. S. para considerar acreditados los hechos investigados. En esas declaraciones y en la gran cantidad de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y mensajes de móviles intervenidos, pues la organización estaba desde 2007 en el ojo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De hecho, un policía nacional con destino en Galicia y adscrito a la Udyco Central, José Antonio R. M., suministraba información policial y judicial a la trama a cambio de dinero. Gracias a esos soplos, los imputados abortaron otra operación anterior para meter droga en España.

Pero la labor del topo no dio al traste con los pesquisas. Los agentes averiguaron el envío de una nueva partida de coca y planearon otra intervención, que se saldó con la incautación del alijo en Gran Canaria. El juez no aclara en el auto cuál era el destino final de la mercancía, pero se deduce que iba a Barcelona, donde la red buscaba compradores y tenía infraestructura para vender el estupefaciente. Los principales dirigentes estaban en Madrid y se relacionaban con mafias gallegas.

BARCO. Todos desempeñaban papeles concretos, desde gestiones para buscar financiación hasta labores de seguridad o transporte, entre otros menesteres. En ese sentido se realizaron trámites relacionados con el "avituallamiento" de una "embarcación", posiblemente para trasladar la droga a Barcelona.

Los cabecillas tenían alias y uno de ellos, Carlos E. C., considerado el máximo responsable, gozaba de doble identidad. Por ello también se le imputa falsedad en documento público, porque disponía de un pasaporte español falso. Al resto se le atribuye un delito contra la salud pública, además del cargo de cohecho que pesa sobre el policía de la Udyco.