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Tenerife

Una nueva estafa con ´time sharing´ en el sur de Tenerife

La Policía detiene a 22 presuntos miembros de una red con ramificaciones en Málaga

 10:38  

EFE La policía ha detenido en Tenerife y Málaga a 22 personas acusadas de estafar a los dueños de viviendas en régimen de multipropiedad a quienes ofrecían la compra de sus participaciones en diversos inmuebles, pero después huían con el dinero adelantado por las víctimas para los gastos de gestión.

Los estafadores contactaban con los propietarios para comunicarles que había compradores interesados en la compra de sus derechos de uso, pero una vez que se hacían cargo de los gastos de los trámites de la compraventa, tanto los compradores como los intermediarios desaparecían con el dinero.

Se ha dado el caso de que, una vez cometida la estafa, otros miembros de la banda engañaban nuevamente a sus víctimas haciéndose pasar por abogados que simulaban litigar con las empresas que les habían defraudado anteriormente.

Los supuestos abogados afirmaban haber recuperado el dinero estafado y aseguraban que les iba a ser devuelto, para lo que solicitaban nuevos pagos por los servicios prestados.

El Grupo de Fraudes Financieros de la policía inició la investigación tras recibir la alerta del Consejo General del Notariado, que había detectado la actividad de una red que usurpaba el nombre de varias notarías españolas.

Los listados de los dueños de las viviendas en régimen de multipropiedad eran sustraídos por empleados desleales de varias empresas dedicadas a la explotación de estos inmuebles.

Entre los arrestados se encuentra el presunto cabecilla del grupo, que gestionaba los listados de los titulares de bienes inmuebles en multipropiedad.

También han sido detenidas otras personas que actuaban como testaferros, así como diversos mandos intermedios que realizaban tareas como el reparto de potenciales víctimas, la gestión de las comunicaciones con ellas, la supervisión de cuentas bancarias o la confección de documentación falsa.

Los agentes efectuaron 11 registros en los que se intervino abundante documentación bancaria, listados de propietarios, equipos informáticos, instrucciones para mantener conversaciones con potenciales víctimas, munición del calibre 22, unos grilletes, una pistola de aire comprimido y más de 30.000 euros en efectivo.

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