Diez años de abusos sexuales y corrupción de menores. Eso es lo que investiga la Policía Nacional en relación con los propietarios de un conocido y laureado club deportivo ubicado en la capital grancanaria, la Escuela de Kárate Torres Baena. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, envió ayer a prisión a sus propietarios y principales monitores tras detener el pasado miércoles a cinco personas relacionadas con el caso.
El magistrado instructor dictó orden de ingreso en Salto del Negro para tres de ellos y les imputó un delito continuado de abusos sexuales y otro de corrupción de menores. Los otros dos fueron puestos en libertad con los mismos cargos y con la obligación de personarse en el juzgado cada quince días. La investigación no ha hecho más que empezar.
Fernando Torres Baena, propietario del club de kárate, y su compañera sentimental, María José González Peña, fueron enviados a la prisión provincial de Salto del Negro, junto con una de las monitoras del gimnasio, Ivonne González Herrera. Todos ellos son conocidos deportistas con un amplio historial de éxitos en el mundo del karate, incluso a nivel mundial.
Por el contrario, el juez decretó la libertad para José Luis Benítez Cárdenes y José Benítez Peña. A todos se les imputan los mismos delitos, es decir, un delito continuado de abusos sexuales y otro de corrupción de menores. Los cinco implicados niegan las acusaciones.
HECHOS. Los hechos por los que han sido detenidas estas cinco personas podrían venir produciéndose desde hace una década, aproximadamente, según fuentes de la investigación. Al menos una veintena de jóvenes podrían haber sido víctimas de esos abusos a lo largo de este tiempo, con lo que algunos de ellos ya son mayores de edad. Sin embargo, la investigación no descarta que el número de perjudicados pueda incluso aumentar en el transcurso de la investigación.
Durante la jornada de ayer, el juez instructor tomó declaración a cinco de las víctimas; tres de los testimonios son bastante contundentes, según apuntan las fuentes. Pero a lo largo de los próximos días el juzgado citará a declarar en calidad de testigos a al menos quince jóvenes más implicados en el caso.
Los veinte chicos que pudieran haber sido víctimas de abusos sexuales a lo largo de los últimos años son todos alumnos de la Escuela de Kárate Torres Baena, que dirigen los principales implicados.
La investigación se inició hace tan sólo quince días, después de que un menor se personara en las dependencias de la Policía Nacional para presentar la denuncia. De la investigación se hizo cargo el Servicio de Atención a la Familia (SAF), de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.
Según los datos que ha podido obtener este periódico, los presuntos abusos no se cometían en el recinto deportivo propiedad del principal imputado, aunque todos los menores presuntamente afectados eran alumnos de la escuela. El pasado jueves, con motivo de las detenciones, la policía registró el domicilio en el que habitan Fernando Torres y María José González, dos de los tres implicados que ayer fueron enviados a prisión. La vivienda, ubicada en la Urbanización El Edén, en Playa de Vargas (Agüimes), fue examinada exhaustivamente por los agentes policiales, ya que es el lugar donde presuntamente se cometían los abusos sexuales. La práctica totalidad de los jóvenes son de la capital grancanaria; algunos mayores de edad en estos momentos, aunque eran menores cuando ocurrieron los hechos.
En apenas quince días transcurridos desde que se inició la investigación hasta que se practicaron las denuncias, la investigación ha detectado que unos veinte menores han podido ser víctimas de los abusos sexuales que se investigan, aunque en realidad se está en una fase muy inicial. Fuentes próximas al caso calculan, en base a algunos testimonios, que los hechos pueden llevar produciéndose desde hace unos diez años, por lo que no se descarta que el número de víctimas pueda aumentar de forma considerable.
En los próximos días el juez tomará declaración a unos quince jóvenes, todos ellos en calidad de testigos. Mientras, los tres principales implicados permanecerán en prisión.
