La Comisión de Investigación de Incidentes Marítimos, dependiente de Capitanía Marítima, abrirá un expediente para intentar aclarar las causas que provocaron el incendio, el pasado viernes, de la embarcación de recreo Liberty cuando navegaba a unas pocas millas del sur de Gran Canaria con 22 turistas y otros dos tripulantes a bordo, varios de ellos heridos de carácter leve. Las pesquisas irán encaminadas no sólo a dictaminar cuál fue el origen de las llamas que acabaron con el navío en el fondo del Atlántico, totalmente carbonizado, sino a tratar de establecer nuevas normas de seguridad que impidan que en el futuro se pueda dar un siniestro similar.
Así lo apuntó ayer a este rotativo Pedro Mederos, el jefe de Capitanía Marítima de Las Palmas, quien avanzó que esta investigación será "laboriosa" por cuanto incluirá la revisión de toda la documentación del Liberty y la toma de declaraciones a todas las personas que se vieron implicadas de forma directa en el percance, que afortunadamente no dejó mayores daños porque la evacuación del barco se produjo de forma ordenada, en apenas dos minutos y gracias a la ayuda prestada de inmediato por otras embarcaciones.
Mederos resaltó que la investigación es "obligatoria" debido a las directrices del convenio internacional Solas, que legisla en materia de seguridad en el mar. Capitanía quiere conocer si el fuego se originó por un cortocircuito en la sala de máquinas o si por el contrario este se produjo por una colilla mal apagada, un derrame de combustible o cualquier otra circunstancia.
La misma fuente recordó que "el responsable de la seguridad de un buque es el armador o el patrón del mismo" y, en un segundo plano, los tripulantes.
El navío siniestrado frente a Puerto Rico contaba "con todos los seguros en regla" y había pasado su inspección periódica y obligatoria en marzo sin, aparentemente, ningún problema. Esta revisión, anual y muy meticulosa, es vigilada de cerca por Capitanía e incluye desde la retirada del barco de recreo del mar para comprobar el estado de su casco y sus instalaciones eléctricas hasta las medidas de salvamento y seguridad que por ley debe llevar. Posteriormente, es la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias la que da en última instancia el visto bueno para que, como era el caso, pueda desarrollar su actividad turística.
