Dos personas han sido detenidas en Las Palmas de Gran Canaria acusadas de explotar laboralmente a diversas mujeres en el salón de un domicilio particular, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Los detenidos mantenían a las trabajadoras en condiciones que atentaban contra sus derechos; no les hacían ningún tipo de contrato de trabajo, sin alta en la Seguridad Social, ni horario fijo y, en la mayoría de los casos, sin obtener ningún tipo de salario, se indica en un comunicado.
La investigación comenzó cuando los policías tuvieron conocimiento de que en un domicilio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dos personas se dedicaban a captar mujeres a través de ofertas que anunciaban en Internet en las que ofrecían puestos de teleoperadoras.
Los ahora detenidos hacían una breve entrevista a las aspirantes, en la que les prometían un contrato y el alta en la Seguridad Social.
Además, procedían a la incorporación inmediata, sin exigir ningún tipo de formación o experiencia profesional.
El sueldo a percibir estaba condicionado a la consecución de unos objetivos mínimos, impuestos por los empleadores, con la promesa de un futuro contrato laboral en función de la productividad conseguida, que nunca se llegaba a efectuar.
Por este motivo, muchas trabajadoras ejercieron su actividad como teleoperadoras durante varios meses sin percibir retribución alguna, ya que los responsables argumentaban estar pasando dificultades económicas que solventarían "lo antes posible".
En los casos en que las trabajadoras no conseguían los objetivos mínimos exigidos, tenían que hacer labores de comerciales a domicilio vendiendo productos de estética.
Respecto a las trabajadoras, se trataba, en su mayoría, de mujeres con una urgente necesidad de ingresos económicos.
Algunas de ellas, cansadas de la explotación de la que estaban siendo objeto, denunciaron su situación ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, quien comunicó el hecho a la Policía Nacional.
Los detenidos son R.L.G. y A.B.Q.V. y están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores. EFE
