El juez titular del juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario puso en libertad con cargos a José María Alonso Viñas, presidente de la Asociación de Cannabis Medicinal de Fuerteventura (Acmefuer) y a su mujer Ana Belén Moure, secretaria de la asociación. Ambos fueron detenidos el miércoles en el aeropuerto de la capital majorera tras su llegada de vacaciones desde Valencia. "Nos han imputado por un delito de pertenencia a una banda organizada criminal", declaró José María Alonso

"Lo único que van a conseguir con todo esto es que se vuelva al mercado negro. Nosotros lo que ofrecemos es una venta controlada del cannabis", comentaba Boris Zanchetta, miembro de la junta directiva, y uno de los detenidos puesto en libertad el pasado lunes.

La Policía Nacional arrestó el lunes a once personas que pertenecen a la asociación, entre 8 trabajadores y tres miembros de la directiva, los cuales fueron imputados por un delito contra la salud pública por tráfico de droga. "Nosotros no pertenecemos a una banda criminal, solo ofrecemos un consumo con moderación", asegura Boris Zanchetta. En la investigación, registraron un total de once inmuebles privados, dos casas en el Time, tres en la Asomada, una en Puerto del Rosario, una en Guisguey, y las dos sedes de la asociación, una en Ciudad Jardín, en la capital, y otra en Corralejo, en La Oliva.

Además, los policías incautaron unas dos mil plantas de marihuana. Los detenidos manifestaron que "la cifra de las pérdidas asciende a quinientos mil euros, se llevaron todas las plantaciones que teníamos", aseguró el presidente. La junta directiva de la asociación lamenta además de las pérdidas que ello conlleva, causar algún tipo de problema a las personas que necesitan el consumo diario de cannabis, "tenemos alrededor de 700 socios entre la sede de Corralejo y la de Puerto del Rosario, y algunos lo necesitan de verdad", declaró Boris Zanchetta.

Tras esta imputación, ya van tres veces que la asociación Acmefuer pasó a dependencias judiciales. En los últimos tres años se les imputó un presunto delito contra la salud pública, y aún así "se seguirán inventando cosas", específica Zanchetta.

El día 15 de agosto este colectivo recibió la sentencia de los juzgados de los penal de Puerto del Rosario que determinaba la absolución de los presentes cargos, según indicó un miembro de la directiva.