05 de marzo de 2015
05.03.2015

Cae una red que obligaba a mujeres rumanas a mendigar y a prostituirse

La policía detiene a diez miembros de la banda y libera a 15 víctimas, que eran contratadas en una finca en Sevilla y luego enviadas a Gran Canaria y Tenerife

05.03.2015 | 00:59

El Cuerpo Nacional de Policía desarticuló una banda de rumanos que obligaba, bajo amenazas, a mendigar y a ejercer la prostitución en Gran Canaria y en Tenerife a mujeres compatriotas que habían viajado a España con la promesa de conseguir un trabajo en el sector agrícola en Sevilla.

La investigación sobre esta banda, integrada por personas de la misma familia, comenzó en 2012, cuando el Cuerpo Nacional de Policía tuvo conocimiento a través de varias de sus víctimas de las actividades de explotación sexual y laboral a las que se podían estar dedicando, según informó ayer en una nota la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Las víctimas de esta red eran captadas en Rumanía con una oferta para trabajar en el sector agrícola en Andalucía. Cuando llegaban a España, esas personas debían pagar a la banda el sueldo de su primer mes como compensación por el viaje, pero inmediatamente eran despedidas y llevadas a las dos islas, donde se les obligaba a mendigar mediante amenazas y agresiones físicas.

Los investigadores descubrieron que la banda tenía conexiones con grupos de proxenetas en el Reino Unido e Italia, a través de los cuales "gestionaba un entramado cuya finalidad era la trata de mujeres para explotarlas sexualmente".

"La red captaba también a las víctimas en Rumanía de manera continua y las trasladaba a esos países, además de a España, donde ejercían la prostitución en la calle, principalmente en Playa del Inglés [en el municipio de San Bartolomé de Tirajana]", una de las principales localidades turísticas del sur de Gran Canaria, asegura la Jefatura Superior de Canarias.

Esta operación ha permitido liberar a 15 víctimas de la trama, señala la Policía Nacional, además de detener a los diez presuntos integrantes de la banda y de imputar a otros once, todos ellos ciudadanos rumanos con lazos familiares.

Los investigadores descubrieron que este grupo familiar utilizaba un piso donde residían junto a tres menores de edad, para realizar servicios sexuales. Así, les resultaba más fácil controlar el dinero generado por las víctimas.

La operación fue llevada a cabo por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción de las comisarías de la provincia de Las Palmas. Asimismo, en esta amplia operación iniciada en el 2012 también participaron la embajada de Rumanía en España y las delegaciones diplomáticas españolas en Italia y el Reino Unido.

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