El abogado Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi falleció ayer en Madrid, a los 80 años de edad, víctima de una enfermedad que padecía desde hace algún tiempo. Alejandro Rebollo fue activo dirigente de la UCD; director general de Correos, y también de la Vivienda; abogado defensor de Julián Grimau, último reo ejecutado por el franquismo por presuntos delitos cometidos durante la Guerra Civil; íntimo colaborador de Adolfo Suárez; y amigo personal tanto de Juan Carlos I como de Felipe VI.
Alejandro Rebollo se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo en 1956 y después ingresó en el Cuerpo de Intervención General del Ejército de Tierra. Abogado en Oviedo y en Madrid, "entró en la UCD, al igual que Calvo Ortega, a través del Partido Socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez". En 1963, el entonces joven letrado, capitán del Ejército, no había cumplido los 30 años cuando se tuvo que encargar de la defensa de un reo al que se le acusaba de haber dirigido al Partido Comunista en la clandestinidad y de rebelión militar por supuestos asesinatos y torturas en una "checa" de Barcelona. Grimau fue condenado y ejecutado tras un proceso en el que su abogado apreció numerosas irregularidades. Décadas después, Rebollo reivindicó la "integridad" del dirigente comunista, cuya defensa, según dijo, aceptó por su condición de "militar, abogado y cristiano". Checoslovaquia le dedicó durante años una calle en Praga en reconocimiento a esa labor.
Alejandro Rebollo también tuvo un papel destacado en uno de los hechos económicos más relevantes de la Transición española: la expropiación del holding Rumasa en la noche del 23 de febrero de 1983 por el primer Gobierno socialista desde la Guerra Civil.
Rebollo, incorporado semanas antes al equipo de asesores del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, propietario de Rumasa, estuvo presente en la tensa reunión que protagonizó su cliente con el ministro de Economía, Miguel Boyer, y con otros responsables ministeriales 48 horas antes de la intervención, y participó en los múltiples contactos telefónicos que se produjeron en las más altas instancias durante los frustrados intentos de negociación del Gobierno con el empresario para que acatara la supervisión del Banco de España y facilitase una auditoría integral del conglomerado.
Rumasa, que agrupaba a 300 empresas, 18 bancos y 60.000 trabajadores directos, y que llevaba años -ya desde fines del franquismo- bajo la sospecha de una creciente insolvencia que amenazaba con golpear al conjunto del sector financiero, contrató los servicios del abogado Alejandro Rebollo y de otros asesores externos vinculados al suarismo, caso de Fernando Castedo, para que mediaran ante el Ejecutivo socialista.
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